Sólo han pasado dos semanas desde que Angela Merkel nos visitó, examinó, aprobó y dictó nuevos deberes, y el Gobierno ha empezado a dar los primeros pasos. El primero en hablar el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, el artífice de la recomposición del diálogo social, defendiendo la necesidad de la economía española de que haya moderación salarial. Tal vez insuflado por la bajada de siete décimas de la inflación en enero, pero también olvidando que en términos interanuales el índice precios al consumo se ha situado en el 3,3%.

El mensaje de moderación salarial ha sido suave, ya que Gómez ha explicado que más que un llamamiento es un recordatorio, una «insistencia» puesto que la reforma laboral y el acuerdo sobre negociación colectiva (2010-2012) pactado entre empresarios y sindicatos lo están propiciando.

Sin embargo, la canciller alemana ha dejado abierto la polémica con su «consejo» de no vincular las subidas salariales a la evolución de la inflación, una práctica que se lleva realizando en España desde que existen convenios colectivos. Merkel considera que, como en su país, las retribuciones de los trabajadores deberían tener como referencia la productividad con el fin de evitar que los salarios se disparen sin tener en cuenta la situación económica.

Si tenemos en cuenta que la inflación en enero se situó en el 3,3% interanual, y que el acuerdo salarial para 2011 contempla un incremento de los salarios de entre el 1 y el 2%, de momento no sólo se está cumpliendo la moderación salarial sino que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo.

Cabe recordar que este “pacto” salarial entre CEOE y Cepyme y CC.OO. y UGT para 2010  fijó una subida salarial del 1% y que para 2012, cuando ya se prevé que la economía funcione a velocidad de crucero, dicha subida se encontrará en una horquilla entre  el 1,5 y el 2,5%. Al final de este trienio se aplicará una cláusula de revisión salarial para analizar la diferencia y en aquellas empresas que económicamente puedan se aplicará la mejora para recuperar el poder adquisitivo perdido, y en las que no sea posible se aplicará una cláusula de “descuelgue” de esa recuperación de salarios.

El ministro agregó a esta situación, que “no existe en ningún otro país”, la reciente reforma laboral, a través de la cual se da la posibilidad a la empresa del “descuelgue” salarial cuando se vea afectada por problemas económicos, lo que para Gómez es una de las medidas de “flexibilidad” de la reforma. Y es en este camino en el que el ministro de Trabajo dijo que se “debe insistir” para los próximos años.

La reforma de las políticas activas, “en días”

Por otro lado, el ministro se refirió a la próxima a las ayudas de 400 euros para los desempleados que hayan agotado todas sus prestaciones que se podrán solicitar a partir de este miércoles, en sustitución de la anterior ayuda de 426 euros. Estas nuevas ayudas formarán parte de las denominadas “políticas activas”, cuya reforma “en profundidad” se conocerá  “en los próximos días”. Gómez adelantó que en esta reforma se tendrá muy en cuenta el “espíritu emprendedor”.

Durante la jornada inaugural, precisamente, el ministro recordó lo hecho hasta ahora por el Gobierno a favor del trabajador autónomo, como la prestación por cese de actividad con la que más de 500.000 autónomos ya tienen cubierta esta contingencia. Además, se refirió a la reducción de cuotas sociales en un 30% durante 30 meses para los jóvenes menores de 30 años y mujeres de edad inferior a 35 años.

Por otro lado, se refirió a las bonificaciones que se concederán a las contrataciones a tiempo parcial, de las que dijo que solo se aplicarán en 2011, y que irán dirigidas a empresas con una plantilla inferior a 250 trabajadores para que dejen de pagar el 100% de las cuotas sociales si contratan por esta modalidad. Con ello, intentó zanjar la polémica abierta por el responsable de la Seguridad Social, Octavio Granado, que como ya recogimos en diarioabierto.es, consideró que con estas bonificaciones se convertía la contratación en “mercancía barata».