Cuando el 27 de junio del 2010 el Tribunal Constitucional desautorizó con su sentencia del Estatut al pueblo catalán que lo había votado las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas(CIS) señalaba que el 21,5% de los catalanes quería un estado independiente mientras que el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO)  consideraba que esta aspiración la tenían el 19,4%.

Inmediatamente después de la sentencia y tras la multitudinaria manifestación de protesta del 20 de julio del 2010 por la decisión de los tribunales la cifra de los secesionistas se dispara (41,4% según el CIS, 28,2% según el CEO). En el 2013 el CIS ya eleva el número de catalanes partidarios de votar afirmativamente en el referéndum independentista al 46,6% (un 48,5% según el CEO)

Según estos datos el número de conversos de catalanes partidarios a separarse de España creció significativamente tras el fallo del alto tribunal. Esto también se tradujo en la calle: El 11 de setiembre del 2012 Barcelona sufrió un colapso total de manifestantes que atendieron la llamada de la Assemblea Nacional Catalana bajo el slogan “Catalunya, un nuevo estado de Europa” y  como respuesta a esta movilización Artur Mas se puso al frente del proyecto independentista y convoca elecciones anticipadas esperando lograr la mayoría absoluta tras la negativa del presidente del Gobierno de atender la petición catalana de lograr un pacto fiscal. CiU sufre un serio revés en las urnas (pierde doce escaño) por advenedizo en el nuevo credo mientras los independentistas pura sangre (ERC) se convirtieron en el segundo partido del Parlament. La reacción de Rajoy fue despreciativa a los miles de manifestantes: “El país no está para algaradas” y sus analistas interpretaron la derrota de CiU como un revés a su propuesta independentista.

La fiebre secesionista  siguió aumentando y el último 11 de septiembre una cadena humana unió las dos puntas de Catalunya al tiempo que el Parlament lleva al Congreso su petición para hacer una consulta y recibió una previsible bofetada que sólo sirvió para crispar más los ánimos de una gran parte de la población catalana.  A esta respuesta se une el ahogo económico que desde hace tiemp sufre la Generalitat gracias al incumplimiento de los pactos con Madrid (incluso de aquellos que figuraban en los presupuestos), la radical caída de las inversiones en obra pública, el paulatino proceso de recentralizar España y una lucha constante para limitar la enseñanza del catalán y su cultura en la gráfica expresión del ministro Wert que “hay que españolizar a los catalanes”.

Todo ello amenizado con las advertencias del  negro futuro que espera a Catalunya en caso de lograr la independencia, el aislamiento internacional que sufriría….etc. Junto a estas medidas políticas acaparan titulares descalificaciones de grueso calado como el de comparar las reivindicaciones de una parte significativa de la sociedad catalana con el terrorismo de ETA, entre otras lindezas.

Esta política de Madrid consensuada entre los dos principales partidos ha tenido como primer resultado la grave crisis que sufren los socialistas catalanes (y sin el PSC es prácticamente imposible que el PSOE acceda a La Moncloa) y por otra que el proyecto independentista entre la población haya multiplicado sus adeptos cuando antes de las operaciones de acoso  y derribo  apenas llegaban al veinte por ciento.

Es evidente que algo se ha hecho mal, pero lo peor es que no parece que nadie esté interesado en reconducir la situación, sobretodo teniendo en cuenta que más de la mitad de los que hoy se confiesan independentistas sólo hace cuatro años que comulgan con este credo.