En una nota hecha pública por el Círculo de Empresarios, este ‘lobby’ considera que la reforma fiscal anunciada por el Gobierno «no ha satisfecho las expectativas generadas con la creación de la Comisión Lagares, en el sentido de que esta iba a ser una reforma completa, histórica y de largo alcance del sistema fiscal».

No obstante  «confía en que la reforma fiscal pueda mejorarse sensiblemente en el trámite parlamentario«.

En su nota el Círculo de Empresarios asegura que la reforma fiscal contiene aspectos positivos y negativos.

Como aspectos positivos asegura que beneficia la competitividad y reduce uno de los desincentivos fiscales al crecimiento de las pymes, al reducir el Impuesto de Sociedades al 25%, quedando todavía lejos del tipo único del 20% adoptado recientemente por algunos países de la OCDE.

También destaca que equipara someramente el tratamiento tributario de las actividades realizadas por personas físicas respecto a las realizadas en forma societaria, al aproximar en 7 puntos porcentuales los tipos impositivos del IRPF a los del Impuesto de Sociedades, si bien aún existe una diferencia de 20 puntos porcentuales.

Junto a ello cita que «aumenta la renta disponible de los contribuyentes con efectos positivos sobre el consumo y la recuperación económica, al reducirse los tramos y tipos marginales en el IRPF, en línea con la propuesta del Círculo».

En cuanto a los aspectos negativos asegura que la reforma «no es ni sencilla, ni clara, ni transparente, manteniéndose o creándose nuevas desgravaciones, por lo que no mejora la estabilidad, neutralidad y simplicidad de nuestro sistema tributario, condiciones indispensables para afrontar los retos de una economía global».

«En términos generales, la carga fiscal sobre los ciudadanos se reduce, pero no recupera, como se prometió, la situación del 2011 -considera el Círculo-. Más que una reforma se puede considerar como una rebaja selectiva, y en dos plazos, de impuestos, lo que pone en riesgo la consolidación fiscal al no acometerse paralelamente una reducción del gasto público».

Indemnizaciones por despido

En otro orden de cosas, el Círculo de Empresarios considera que en la reforma se sigue penalizando al factor productivo trabajo, quedando descartada la reducción de cotizaciones sociales, «como se ha pedido reiteradamente tanto por el Círculo como por distintas instituciones nacionales e internacionales».

Junto a ello considera que «es cuestionable» la tributación de las indemnizaciones por despido, «tanto en sí misma como en los plazos de su aplicación, pues castiga con crudeza a las rentas bajas y a quienes se quedan sin empleo a una edad con escasas posibilidades de reincorporarse nuevamente al mercado laboral».

«Por otro lado, esta medida no respeta la unidad de mercado al no equipararse al tratamiento aplicado en Navarra y el País Vasco», añade.

Lucha contra el fraude fiscal

El ‘lobby’ empresarial entiende que la reforma «desperdicia una vez más la oportunidad de luchar en serio contra el fraude fiscal, y no se adoptan medidas de calado asimilables a las existentes en otros países de nuestro entorno». «Se publican -añade- los datos de los morosos, que pueden estar en esa situación por las conocidas dificultades de financiación, y no de los defraudadores como se hace en otros países».

Además, asegura que siguen sin reordenarse las potestades tributarias de Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, al menos en lo que se refiere a la tributación de las empresas.

Tampoco se aborda, dice el Círculo de Empresarios, mejorar la eficiencia de la administración tributaria y promover una mejor relación y cooperación entre ésta y los contribuyentes.

Merece una importante crítica, concluye, la «injustificada ampliación de los plazos de la inspección, que reduce el nivel de seguridad jurídica, así como el mantenimiento de las desproporcionadas obligaciones de información, como la relativa a los activos situados en el extranjero».