La Generalitat de Cataluña ha abierto 55 expedientes sancionadores a webs y portales en el ámbito de la comercialización online de las viviendas de uso turístico y de los apartamentos turísticos, fruto de la intensa actividad inspectora que está llevando a cabo el departamento de Empresa y Ocupación. Ocho de estos expedientes han finalizado en resoluciones sancionadoras, uno de ellos a la empresa Airbnb Online Services Spain, SL a quien se ha sancionado con 30.000 euros. La Administración de la Generalitat de Cataluña es la primera administración en el ámbito de la Unión europea que ha impuesto una sanción por comercialización de oferta ilegal a esta compañía.

La infracción principal por la cual se ha sancionado a esta empresa es para comercializar habitaciones individuales en domicilios particulares, una oferta ilegal fuera de la normativa que no puede garantizar la calidad del servicio al usuario. El consejero del departamento, Felip Puig, ha recordado que el Decreto 159/2012 del DEMO en su artículo 66.2 establece que no está permitida la cesión temporal de aposentos fragmentados de viviendas de uso turístico y por lo tanto, “no se pueden comercializar viviendas que no estén adecuadamente registrados”.

El consejero ha asegurado, no obstante, que “el gobierno de Cataluña no está en contra de la economía colaborativa”, sino que lo enfrontan como un nuevo canal para enlazar consumidores con proveedores, para generar nuevos modelos de negocio, y para aprovechar las nuevas tecnologías que puedan generar nuevos canales de comercialización y distribución, “pero las reglas de juego tienen que ser las mismas para todo el mundo”. Puig se ha mostrado convencido que “la economía colaborativa no quiere decir economía sumergida, ni contratación ilegal, ni fraude fiscal, ni riesgos para los consumidores”. Más bien, ha continuado, “tiene que comercializar y transaccionar de acuerdo con las normas sectoriales que existen”.

La batalla contra Uber

Los taxistas de Madrid y Barcelona han convocado distintas huelgas en sus localidades contra la empresa Uber, desarrolladora de una aplicación que permite contratar un transporte entre particulares. En este sentido, la Generalitat ha anunciado que castigará cada infracción de la normativa de transportes de viajeros con multas de hasta 6.000 euros, si Uber no cesa su actividad.