A nadie puede sorprender la alta densidad de enchufes por metro cuadrado en las administraciones públicas, pues como ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, “lo importante no es el parentesco sino la legalidad del procedimiento”. De hecho, ese Tribunal, que es el máximo órgano fiscalizador del dinero público, apareció en una “foto fija” en El País como un ente endogámico, plagado de parientes, amigos y demás familia de consejeros de designación política con mandatos larguísimos (de 9 años, prorrogables cuatro más), y de altos funcionarios y delegados sindicales con mando en plaza. La “foto fija” refleja que el 14% de los 700 nominados (con nómina) en el alto Tribunal son familia de algún alto cargo. Eso significa que 100 de 700 habrían recibido trato de favor en la oposición o en el concurso-traslado a una institución que debería ser incorruptible por antonomasia, dada su función fiscalizadora de todas las demás.

Lo que ocurre en el Tribunal de Cuentas en materia de selección de personal “es llamativo, impresionante y produce escándalo y preocupación”, llegó a decir el socialista Cipriá Ciscar al presidente Miranda; “el nepotismo, con respeto a la legalidad vigente, produce situaciones como el caso Bárcenas”, advirtió Ricardo Sixto, de Izquierda Plural, quien había solicitado la comparecencia de Álvarez de Miranda para que aclarase el asunto y propuso crear una subcomisión de estudio y reforma de la alta institución, que maneja un presupuesto de 60 millones al ano. Rafael Bruguera, senador de la izquierda catalana, respaldó la propuesta. Álvaro Anchuelo, de UPyD, destacó que “casi todos los funcionarios del máximo nivel nominativo, del 28 al 30, son de libre designación” y aprovechó la comparecencia para criticar la fiscalización de las cuentas de los grandes partidos con gafas ahumadas de no ver y la de los pequeños como el suyo, con lentes de aumento.

El presidente del Tribunal dedicó su primera intervención a despejar las sombras de favoritismo, enchufismo y nepotismo en la selección de personal con el reiterado argumento de legalidad. Contó con algunas expresiones de apoyo del portavoz de CiU, Carles Páramo –“casi es una anécdota lo que ha pasado”, dijo–, y de Eloy Suárez, del PP, quien respondió a algunas críticas diciendo que “es lógico y natural que los hijos de los funcionarios quieran ser funcionarios” y que “es perder el norte decir que los hijos de los políticos no pueden ser opositores”. Pero el presidente Miranda terminó anunciado que reformará el sistema de oposición para “adecuarlo” al régimen general de la Administración del Estado y que el Tribunal será auditado por un par (otro Tribunal) europeo. De paso confirmó que la información sobre hijos, sobrinos, hermanos y familiares había salido del propio Tribunal. Es tremendo.

No se podía esperar nada distinto de un órgano fiscalizador antaño patrimonializado por el franquismo y después por el PP y el PSOE para colocar a sus exministros y exdiputados de gran relieve. El reparto actual de los 12 consejeros es de 7 a favor del PP y 5 del PSOE, que cedió uno a IU. En la última renovación ingresaron de consejeros Manuel Aznar López, hermano mayor de José María Aznar, y la exministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante. Tampoco las informaciones sobre la alta densidad de parentesco resultan novedosas en un país en el que las instituciones públicas de todo tipo están repletas de Pedro Pariente, y más en estos tiempos de falta de empleo.

Les cuento una anécdota: hacia finales de la década de los ochenta, el cronista recogió en un suelto en la revista Interviú la queja de unos opositores a los puestos de censores de cuentas del alto Tribunal por la existencia de un grado de relación de superioridad académica en el mismo departamento universitario y cierto parentesco lejano entre el entonces consejero y después presidente del Tribunal, Ubaldo Nieto de Alba, que presidía el tribunal de oposiciones, y la opositora que obtuvo mejor nota y ganó su plaza. Se dio la circunstancia de que hasta entonces no había censoras de cuentas, con lo que el título del suelto parecía claro en aquel contexto de lucha femenina y feminista por la igualdad. Mas algo debía tener la información al reflejar las dudas sobre la limpieza de las oposiciones que no  gustó a los aludidos y, sin mediar nota de rectificación, provocó una demanda civil por el derecho al honor, con tan mala suerte que le tocó a la jueza Manuela Carmena –feminista donde las haya–, la cual apreció “indicios de machismo” en la información y condenó a la revista a pagar un millón de pesetas a los honorables demandantes. Desde entonces la historia no ha hecho más que engordar.