No por árido deja de ser el BOE un periódico de obligada consulta, máxime en días como el 10 de junio, san Cristobal, patrón de los conductores, en el que inserta seis páginas de “corrección de errores” del decreto de medidas urgentes “para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia” a convalidación por el pleno del Congreso. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría expuso el catálogo de buenas intenciones de unas medidas que modifican 30 leyes y afectan a nueve departamentos ministeriales, pero no convención a ningún grupo parlamentario, salvo el suyo y a dos diputados del grupo mixto, sobre la forma ni sobre el contenido. El PP se quedó solo en la votación y la oposición anunció recurso de inconstitucionalidad.

En el contenido del “decreto acordeón” hay medidas tan necesarias hoy como hace tres años sobre la unidad normativa del comercio minorista; la famosa iniciativa europea de empleo juvenil que el Ejecutivo ha tardado más de un año en solicitar –se aprobó en junio de 2013 y dio lugar a mucha propaganda gubernamental–, la privatización del Registro Civil a favor de los notarios y registradores de la propiedad después de la pertinente digitalización gratuita por parte de los beneficiarios, o el pago con cargo a la tarifa del gas ciudad de los 800 millones de euros derivados del “déficit de peaje” acumulado y en su mayor parte imputable a los errores del Gobierno central por no tener en cuenta los riesgos geológicos y sísmicos antes de conceder el almacén “Castor” frente a las costas de Tarragona y Castellón.

La urgencia de algunas medidas es tanta que algunas no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2015 y otras, como la privatización del Registro Civil, lo harán el 1 de julio del año que viene. En determinados casos, según destacó el portavoz de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, se trata de medidas que fueron planteadas por la oposición en enmiendas a leyes anteriores y que el PP rechazó por inconvenientes. Es el caso del trato fiscal a la “dación en pago” parcial de las hipotecas de viviendas, de la cotización a la Seguridad Social por parte de las empresas que empleen becarios y de la reducción de la comisión por el uso de las tarjetas de crédito, entre otras.

Si la portavoz socialista Soraya Rodríguez acusó al Gobierno de ofrecer “un espectáculo bochornoso y lamentable” al gobernar por decreto, pese a contar con la mayoría absoluta en la Cámara legislativa –lleva 56 reales decretos, uno cada 17 días–, los demás portavoces coincidieron en que el decretazo y tente tieso es un abuso y un desprecio al debate y al sistema democrático. “A ustedes no les vale la democracia participativa, pero tampoco la representativa”, se quejó Coscubiela. “La gente no entiende nada y en este decreto ni todo es extraordinario ni urgente y vulnera el artículo 98 de la Constitución”, afirmó Josép Sánchez Llibre, de CiU.

La mayoría de los portavoces compartieron el anuncio del PSOE de apelar al Tribunal Constitucional que, como es sabido, ni es de este mundo ni de este país a juzgar por el ritmo absolutamente ajeno a los problemas humanos, ya sean medidas sobre la crisis económica, recortes de derechos sociales, ya materias tan sensibles como el aborto. Pero por apelar que no quede. Lo único cierto es que el Gobierno, primero dispara y luego pregunta, pues en esa mezcla de usos políticos extraída de las enseñanzas de Rasputín, Maquiavelo y Kafka a las que aludía Coscubiela, lo importante no es la dirección que indique la oposición sino el partido y, por supuesto, los lobbys y grupos de presión.