Una proposición de la diputada catalana de CiU Mercedes Piguem, pactada con los socialistas y los populares, permitirá al Parlamento inaugurar la etapa del voto telemático. Sus señorías los legisladores han interiorizado la nueva realidad de la que hablaba hace muchos años Nicolás Negroponte, el genio del Instituto Tecnológico de Masachusset, cuya investidura como doctor honoris causa por la Universidad Camilo José Cela de Madrid fue amadrinada en octubre pasado por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. Se trata del ciberespacio, esa nueva dimensión emergente sobre el espacio físico y geográfico que nos une planetariamente con independencia de los marqueses y las marcas del poder de los Estados.

¿Por qué no aprovechar las posibilidades del ciberespacio para la función parlamentaria esencial, que es la de votar las leyes por control remoto?, se han preguntado los diputados españoles. Y la respuesta, claro está, ha sido positiva. De este modo, cuando un diputado padezca una enfermedad o impedimento o cuando una diputada esté embarazada y a punto de dar a luz, o cuando uno y otra disfruten de los permisos de paternidad y maternidad a la que tienen derecho todos los trabajadores, dispondrán de los medios telemáticos para votar desde el lugar donde se hallen, sin necesidad de tener que acudir físicamente al Congreso.

El “voto Piguem” o telemático es una solución magnífica. Con escuchar las experiencias de la canaria Ana María Oramas bastaría para respaldar su implantación. En votaciones muy ajustadas, en las que la continuidad de un Gobierno depende de un solo voto –cosa que ha ocurrido en Galicia, por ejemplo–, o ante una moción de censura o ante la aprobación del Presupuesto, no se puede sacar a un enfermo de la cama ni obligar a una mujer a punto de dar a luz a que acuda a votar, cosa que ha ocurrido en el Congreso.

El voto telemático choca sin embargo con el espíritu y la letra del artículo 79 de la Constitución, que dispone que el voto de sus señorías es “personal e indelegable” y exige que para que una decisión parlamentaria sea válida ha de contar con los votos de la mayoría de los “miembros presentes”. La presencia física se convierte así en una exigencia constitucional. Lo que pasa es que el nuevo espacio o ciberespacio no existía en 1978, cuando se aprobó la Carta Maga y ahora, según la resolución parlamentaria, el Gobierno debe buscar la fórmula de constitucionalizarlo en seis meses.

Para el profesor Negroponte el “bit” será en el siglo XXI lo que el “átomo” en el XX, una inmensa fuente de posibilidades. Mientras el Ejecutivo lo ahorma a la legislación vigente en beneficio de sus señorías, los dos grandes grupos, PSOE y PP, se pusieron de acuerdo en materia atómica para prorrogar la vida útil de las centrales nucleares más allá de cuarenta años. El PSOE renuncia a su programa en esta materia y el PP se felicita. La llamada Ley de Economía Sostenible quedó descolorida y fue aprobada. No será tan verde como deseaba el presidente Zapatero, pero mantendrá la vigencia de las teorías del sabio Einstein y contribuirá a evitar nuevos sablazos o “tarifazos” a las maltrechas economías domésticas y empresariales de los españoles. Al menos, eso prometen.