El Tribunal Constitucional ha considerado perfectamente legal el precepto de la reforma laboral del PP que introdujo el despido sin indemnización alguna para los contratos de un año. Con ello responde a la oposición parlamentaria que, con el PSOE a la cabeza, agotó el último recurso contra una reforma en la que algo tuvo que ver el exmilitante del PP y catedrático de derecho laboral que ahora preside el TC, Francisco Pérez de los Cobos, y su amigo y letrado asesor Braulio Thibault Aranda, quien fue nombrado director general de Empleo por la ministra Fátima Báñez en cuanto llegó al poder.

Como se recordará, el PP llegó al Gobierno a finales de 2011 con la reforma laboral hecha e inspirada por los mencionados expertos, ya imbricados en el TC, uno, Pérez de los Cobos como magistrado a propuesta del partido conservador, y el otro, Thibault, como letrado del tribunal en el departamento que ocupaba Pérez de los Cobos, después promovido para presidir el órgano de garantías constitucionales. “Yo no digo que hayan prevaricado”, dijo ayer el dirigente ugetista Toni Ferrer. Anular por ley, ratificada por el Constitucional, una indemnización que para los contratos temporales oscilaba entre 9 y 12 días por año, no es prevaricar ni mucho menos. Sólo que a los miembros del TC les mantienen el 80% de su pingüe sueldo durante dos años cuando cesan en su función si no encuentran trabajo o cobran una pensión, lo cual tampoco es prevaricar.

La sentencia contribuirá, sin duda, a salvar muchas empresas que ya han sustituido contratos fijos por temporales de un año a jóvenes menores de 30 años, e impulsará todavía más el proceso de sustitución, con indudables beneficios para los nuevos contratados y su legítima aspiración de asentar su vida y proyectar su futuro, al menos, por un año. Menos da una piedra, que dijo el que dijo.

Pero ya se ve que al nuevo dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, no le gusta este método de construir España y de salir de la crisis, porque ya ha anunciado que en cuanto tengan mayoría suficiente derogarán la reforma laboral. En eso, al menos, no se diferencia de IU, aunque el problema está en saber cuándo conseguirán esa mayoría. Vale suponer que no habrá que esperar a que las ranas críen pelo.

El veredicto del TC ha venido a coincidir con la primera condena y encarcelamiento de un trabajador en paro llamado Carlos Cano por actuar de piquete informativo para cerrar los comercios en Granada en la huelga general del 29 de marzo de 2012 contra la reforma laboral. La Justicia le ha condenado a tres años de cárcel junto a la también trabajadora María del Carmen Bajo. Cano, que tiene 25 años y estudió medicina, ingresó en la cárcel de Albolote, precisamente el centro en el que hizo las prácticas de medicina cuando acabó la carrera. Además de la pena de prisión, le han impuesto el pago de 3.650 euros –el sueldo mensual de un magistrado– y el pago de 767 euros a los dueños de un comercio por los perjuicios de la huelga. El trabajador ya se los ha dado.

En el disparadero judicial por las huelgas y protestas contra las dos últimas reformas laborales se hallan en estos momentos unos 300 trabajadores para los que la acusación pública, es decir, el Ministerio Fiscal, solicita penas de prisión. Una cosa así no se veía desde el final de la dictadura franquista. De hecho, el último trabajador encarcelado por huelga entró en la cárcel en 1973. Decía Gaspar Llamazares en el último pleno del periodo ordinario de sesiones que la izquierda posee una historia de penas políticas durante la dictadura que ahora prosigue en la España democrática con la inauguración de una nueva historia de condenas sociales y políticas. Lo cual, añadía, causa sonrojo y vergüenza.

Las quejas de Cayo Lara a Mariano Rajoy por los exagerados castigos impulsados desde la Fiscalía contra las protestas sociales, en lamentable contraste con la impunidad o las meras sanciones administrativas a los “piquetes patronales” que apelan a las amenazas de despido y otras represalias contra los huelguistas, no han surtido efecto. Aunque para demostrar que tanto él, Rajoy, como su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, son personas magnánimes, invitan a los obreros condenados a arrodillarse y pedir indultos.