Jerónimo Martínez Tello, director general de Supervisión del Banco de España en el momento de la intervención de Bankia, reconoce en su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que «a título personal», tuvo las «primeras dudas» sobre la viabilidad de la entidad creada por Rodrigo Rato a partir de la integración de Caja Madrid con otras seis cajas de ahorro, en octubre de 2011, tres meses después de su salida a Bolsa. La intervención de Bankia, que obligó a inyectar ayudas públicas superiores a los 20.000 millones de euros, no se produjo hasta siete meses después.

Martínez Tello afirma ante el juez instructor de la causa en la que se investiga la fusión y la salida a Bolsa de Bankia, que esas dudas aumentaron en el primer trimestre de 2012, cuando los responsables de la auditora Deloitte plantearon, entre otras, sus reticencias sobre la valoración que la acción de Bankia tenía en su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), y la viabilidad de sus créditos fiscales.
Las cuentas de 2011, que reflejaban unos beneficios de 309 millones de euros, se aprobaron en marzo del año siguiente sin el informe de auditoría de Deloitte y tuvieron que ser reformuladas en mayo, con la entrada del nuevo equipo dirigido por José Ignacio Goirigolzarri, con unas pérdidas de 2.979 millones de euros.
A estas situación se unió el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de abril, que apuntaba que, una vez «agotadas» las opciones para una recapitalización privada de la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), podría ser necesario un «mayor recurso a la financiación pública» para preservar la estabilidad financiera y rescatar entidades «problemáticas». En relación con los bancos de «mayor tamaño», en referencia implícita a Bankia, aconsejaba tomar medidas «rápidas y decisivas» para fortalecer sus balances.
Para el exdirector general de Supervisión del Banco de España, este análisis del FMI, «extrañísimo y sorpresivo por el momento en el que se produjo y por su contenido», tuvo como principal consecuencia que «aceleró los acontecimientos» en relación con los dos planes que se diseñaron para reflotar la entidad: el de abril, que fue rechazado por el Ministerio de Economía, y el de mayo, que el entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, cifró en 7.000 millones de euros. Las necesidades de Bankia en ese momento podían haber alcanzado los 10.000 millones de euros, según Martínez Tello.
Éste asegura al juez no tener «ninguna participación ni conocimiento» en relación con la reunión que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, mantuvo los días 4 y 6 de mayo con los presidentes del Santander, CaixaBank y BBVA, Emilio Botín, Isidro Fainé y Francisco González, respectivamente, para abordar la situación de Bankia y la salida de Rato.
Sí admite que habló con Rato el 3 de mayo, víspera de la presentación de su segundo plan de saneamiento, y que éste le dijo que había problemas para que José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, aceptara el puesto de consejero delegado de la entidad.

Consejo ”acentuadamente político”

El jefe de Inspección del Banco de España José Antonio Casaus, ratificó ante el juez un informe que elaboró el 3 de diciembre de 2010 en el que se ponían de manifiesto «deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y control interno» de Bankia, así como la inexistencia de «una política de refinanciación documentada y aprobada al nivel adecuado».
También reitera que los consejeros de Bankia, a los que atribuía en su informe «un carácter acentuadamente político», antepusieron sus intereses a los de la sociedad en materia retributiva. «No era tiempo de repartir bonus, no había excedente», declara ante el juez.
El exdirector general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) Mariano Herrera, declara no le sorprendió que las cuentas de 2012 se aprobaran sin el preceptivo informe de auditoría.
Y el secretario general del Banco de España Francisco Javier Priego, declara ante el juez que avaló de forma verbal la reunión del ministro Luis de Guindos con los presidentes de las grandes entidades al considerar que no existían objeciones legales.
En la causa están imputados los 34 consejeros de Bankia. El martes 22 de julio están citados por el juez como testigos tres inspectores del Banco de España: Javier del Río, Jesús José Cabezas y José Antonio Gracia. El miércoles 23, comparecen como testigos el director general del Frob, Antonio Carrascosa, y el director general de Mercados de la CNMV, Ángel Benito. El jueves 24, dos socios de E&Y y el representante legal de JPMorgan.