Se trata de una modificación legal «urgente» que quiere acometer el Gobierno para adecuar la legislación española a dos directivas europeas pendientes de 2011 y 2012. Además, introduce la denominada ‘Tasa Google’, una compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet.

La ley se aprobará con competencia legislativa plena, es decir, en la propia comisión, de forma que se enviará el texto directamente a la comisión de cultura del Senado, para ver la luz de forma definitiva en septiembre u octubre.

La reforma parcial conlleva la puesta en marcha de la llamada ‘tasa Google’, una compensación a los editores por el uso de sus contenidos en agregadores de noticias, que genera discrepancias entre el sector editorial.

Mientas la Asociación Española de Editores de Diarios (AEDE) defiende la existencia de esta compensación, la Coalición por Internet, que preside el director de ’20 Minutos’, Arsenio Escolar, se opone.

En cuanto a los grupos parlamentarios, PSOE y CiU proponen que esta tasa se extienda a periodistas y fotógrafos, mientras que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD piden su supresión, según se desprende de las 162 enmiendas parciales que los grupos han presentado en el Congreso al proyecto de ley del Gobierno, y a las que ha tenido acceso Europa Press.

«Semejante pago podría terminar repercutiendo en plataformas de participación comunitaria en Internet como Twitter, Facebook o Menéame, donde se difunden y comparten titulares de prensa con el enlace correspondiente y supondría una alteración de la cultura P2P, que es fundamental en la sociedad del conocimiento», alertaron desde la Izquierda Plural, por ejemplo.

Trámite parlamentario

La normativa fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 14 de febrero, y su debate de totalidad tuvo lugar en el Congreso en abril. En aquel momento, PP, UPN y Foro de Asturias tumbaron las seis peticiones de la oposición (PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, ERC, BNG y Amaiur) por retirar y devolver al Gobierno la ley. CiU y el PNV se abstuvieron en la votación.

En aquel debate Wert explicó a su vez que con esta ley se va a «mejorar» la protección de los derechos de la propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital, se va a dar una nueva regulación del concepto de copia privada.

Además, el ministro resaltó que se refuerzan los instrumentos para luchar contra la piratería, ya que la norma establece que vulneran la ley no sólo quienes alojan contenidos ilícitos sino todos aquellos que de forma sistemática, con propósito comercial y a sabiendas, facilitan el acceso ordenado, clasificado e indexado de contenidos ilegales para su utilización por terceros.

Las sanciones por incumplir la ley irán de los 30.000 a los 300.000 euros. Además, se podrá actuar sobre los anunciantes y plataformas de pago electrónico que sean mediadores de actividades ilícitas y bloquear técnicamente las páginas.

Uno de los puntos más criticados durante la tramitación parlamentaria de la normativa ha sido la ausencia de comparecencias en el Congreso de expertos en la materia, al mismo tiempo que los grupos parlamentarios han criticado que esta normativa no ha sido elaborada con el consenso del sector.