El Ministerio de Hacienda y el de Fomento tienen previsto mantener una reunión este jueves 24 de julio para intentar cerrar la creación de la empresa pública que aglutinará las autopistas de peaje en concurso de acreedores. La compañía será participada al 100% por el Estado, y el objetivo es que los compromisos que asuma no graven el déficit público, pero que tampoco sean considerados ayudas del Estado, que podrán ser vetadas por la UE.

La situación de algunas de las autopistas no dejan margen a que se dilate más la solución, con algunas sociedades con riesgo de entrar en un proceso de quiebra, que, en última instancia, fue parado esta semana por la Abogacía del Estado.

El acuerdo con la banca es difícil, ya que el Estado pedía una quita del 50% de una deuda que suma cerca de 4.000 millones de euros, pero todas las partes implicadas  prefieren un acuerdo, cediendo algunas de sus reclamaciones.

La banca, además de rechazar la quita propuesta, reclama que la rentabilidad de los bonos con los que va a ser abonada la deuda no esté por debajo de las de los bonos a 10 años del Estado español. Por su parte, las concesionarias de las autopistas no renuncian a recibir parte del dinero invertido en las concesiones, por más que haya sido provisionado.