En el informe, el regulador cifra además en 392,5 millones el sobrecoste que habría tenido para el consumidor la validación de esta subasta entre comercializadoras de último recurso. Este importe, señala, «se hubiera trasladado a los consumidores acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)».

Los precios marcados en aquella subasta fueron, en el caso del producto base, un 137% superiores a de la cotización del mercado ‘spot’, mientras que el producto punta cerró a unos niveles un 100% superiores a los de la cotización. «Constituyen valores anómalos en las primas de riesgo ex post de los mercados a plazo», afirma el regulador.