El ministerio de Empleo ha admitido este miércoles la existencia de 35.000 personas que deberán esperar dos años, hasta los 63, para optar a la prejubilación. Este retraso se debe a una unificación en los criterios con los cuales la Seguridad Social da acceso al cobro de una pensión. Aunque Empleo lo niega, los sindicatos culpan al ministerio por un “cambio de criterio” y piden que se vuelva a aplicar la antigua norma.

Hasta 35.000 despedidos antes del 1 de abril de 2013 que mantienen convenios especiales con la Seguridad Social no podrán prejubilarse con 61 años, sino con 63 años, de acuerdo con los cambios que el Gobierno introdujo en los retiros anticipados en ese mismo año, informa Europa Press.

Esta cuestión, que ha levantado revuelo entre los sindicatos al interpretarse como un cambio de criterio administrativo con efectos retroactivos, no es tal, según el Ministerio de Empleo.

Con anterioridad a 2013, la norma establecía la posibilidad de jubilarse con 61 años. El Gobierno del PP endureció en 2013 la legislación sobre las prejubilaciones elevando esta edad a los 63 años, con un periodo transitorio desde ese año hasta 2019.

Si bien, el actual Gobierno mantuvo una cláusula de salvaguarda que respetaba las anteriores condiciones de prejubilación para aquellos que hubieran perdido su empleo mediante despidos colectivos antes del 2019.

También quedaban al margen de la nueva regulación los que hubieran sido despedidos antes del 1 de abril de 2013 y que después no hubieran sido dados de alta nuevamente en la Seguridad Social.

Disparidad de criterios

Sobre estos últimos ha habido, según Empleo, disparidad de criterios de aplicación, lo que requería una unificación. Por eso la Dirección General de la Seguridad Social emitió el pasado mes de junio una circular en la que apelaba a una Orden de 2003 en la que, en tanto que estas personas siguen haciendo aportaciones a la Seguridad Social para incrementar su pensión final, son asimilados como una trabajador más con relación laboral.

La consecuencia de esta decisión, que según Empleo no supone, por tanto, un cambio de criterio, sino una aclaración, es que alrededor 35.000 trabajadores –7.000 personas al año hasta 2019– con convenios especiales ordinarios con la Seguridad Social quedan excluidos del grupo de personas a las que se les sigue aplicando la anterior regulación y tendrán que seguir haciendo sus aportaciones al sistema hasta que tengan 63 años.

Con todo, desde Empleo precisan que no todos los despedidos de estos 35.000 tienen intención de prejubilarse a los 61 años y además apuntan que en la mayoría de estos casos, se trata de altos directivos que salieron de grandes empresas y que cuentan con pensiones máximas.

Por su parte, el sindicato UGT volvió a exigir este miércoles la retirada inmediata del criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que deniega el acceso a la pensión de jubilación a miles de trabajadores que vieron extinguida su relación laboral antes del 1 de abril de 2013 y tienen suscrito o van a suscribir por primera vez un convenio especial con la Seguridad Social a partir de ese día, con algunas excepciones.