El PSOE se quedó solo en la votación del Congreso de los Diputados a una enmienda pactada entre PP, CiU, PNV y BNG a la Ley de Economía Sostenible. Lo que parecía buscar la defensa del más débil, los concesionarios de automóviles, se ha convertido en uno de los peores peligros para el sector en nuestro país. La citada enmienda permitía a los concesionarios devolver los stocks y todo el material adquirido a los fabricantes en 60 días, al mismo precio con que fue adquirido. Y la respuesta no se ha hecho esperar. Los fabricantes han empezado a replantearse sus inversiones en España.

Las asociaciones de los concesionarios, nada más conocerse la enmienda que será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que entre en vigor, habían aplaudido la medida, pese a que el propio ministro de Industria, Miguel Sebastián, había advertido en la Cámara Baja de los efectos perniciosos que tendría sobre el sector, junto con su promesa de intentar que los fabricantes no se alejen de nuestro país. Pero esta promesa parece haber caído en saco rato, ya que como el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Francisco Javier García Sanz, ha constatado este jueves la nueva norma que regula las relaciones entre marcas y concesionarios pone en riesgo inversiones ya asignadas a las factorías españolas y posibles futuras inversiones, así como los puestos de trabajo de miles de familias.

García Sanz ha sido rotundo en sus manifestaciones: «las marcas y, sobre todo, las casas matrices no entienden esta medida, que pone en grave riesgo las inversiones ya asignadas y las posibles futuras en la industria del automóvil en España, y también los puestos de trabajo de muchas familias que dependen del automóvil». Y tras esta explicación denunció la «traición» de PP y CiU, a cuyos máximos responsables, Mariano Rajoy y Artur Mas ha solicitado una reunión urgente.

Los fabricantes, según la patronal que los representa, se sienten «indignados» y de no cambiar la norma van adoptar decisiones inminentes, como retirarse del Salón del Automóvil de Barcelona, cuya participación habían confirmado hace pocas semanas, y reconsiderar algunos otras acciones porque la reforma emprendida es «injustificada, inoportuna y genera inseguridad».

El presidente de Anfac ha agregado que entre las acciones a reconsiderar se encuentran las inversiones ya aprobadas. Es tal el enfado de este sector que no se explican cómo para un cambio normativo que tanto les afecta ni siquiera se les ha consultado para tramitar la «chapuza», mientras que PP y CiU ni siquiera han tenido en cuenta las consecuencias que esta reforma podría provocar a una industria todavía afectada todavía por la crisis. Por este motivo, acusan directamente a los dos principales partidos de la oposición de poner en peligro las inversiones y los puestos de trabajo de las plantas de automóviles situadas en las comunidades en las que ambos partidos tienen responsabilidades de Gobierno (Cataluña y Comunidad Valenciana, en concreto). García Sanz ha insistido en estas acusaciones, asegurando que «se trata de una intromisión política inaceptable» por la que la industria del automóvil «ha perdido la confianza en la oposición, que se está equivocando y tiene que rectificar».

La primera consecuencia

Desde Anfac se recuerda que la relación entre las marcas y los concesionarios ya está regulada por la Unión Europea, al mismo tiempo que el Ministerio de Industria contempla aprobar en esta misma legislatura la nueva ley de distribución comercial. Pero este cambio de previsiones auspiciado por la oposición hará «imposible» que las marcas firmen nuevos contratos con los concesionarios.

Las actuaciones no se quedarán solo en estas declaraciones. Los dirigentes de la patronal han convocado para la próxima semana una junta directiva extraordinaria con el fin de adoptar medidas que contribuyan a corregir la reforma del Congreso, y para que sea posible «no descartamos ningún tipo de acción». García Sanz ha subrayado que no se trata de «una lucha entre David y Goliat», ya que la medida afecta a todo el sector en su conjunto y lo que está en juego «es el futuro de este sector en España».

El Gobierno recurrirá ante el TC

Tras el rechazo mostrado por el propio ministro Sebastián, el Gobierno ya ha anunciado su intención de recurrir la futura norma ante el Tribunal Constitucional, mientras pone en duda la supervivencia de muchos concesionarios, pese a que la nueva ley suponía una protección para este subsector. En este sentido, la patronal de los concesionarios, Ganvam ya ha adelantado que no entrarán en una guerra con los fabricantes, al tiempo que se muestran preocupados por las consecuencias de la nueva norma ante las manifestaciones de los propios fabricantes. Por este motivo, en Ganvam proponen buscar una solución entre las partes implicadas, aplicando criterios de «sensatez, cordura y consenso».

Otra de las patronales de los fabricantes, Aniacam, también ha adelantado que la medida supondrá un incremento de los precios de los vehículos, ya que la norma supone un sobre coste para las marcas y hasta se está planteando llevar la futura norma ante el Tribunal Constitucional.

Los cambios de la polémica

La enmienda de PP, CiU, PNV y BNG aprobada por el Congreso significan que si el fabricante (el proveedor) exige al concesionario una compra mínima de productos «en función de los objetivos comerciales», éste podrá devolver los excedentes una vez transcurran sesenta días desde su adquisición, estando obligado el proveedor a su recompra «en las mismas condiciones» en que los vendió en primer lugar. Asimismo, en cualquier caso de extinción del contrato, el proveedor vendrá obligado a adquirir del distribuidor todas aquellas mercancías que se hallen en poder de este último, al mismo precio por el que hubieren sido vendidas.

Pero además, cuando la relación entre el fabricante y el concesionario finalice (por vencimiento de su plazo o cualquier otra causa), el distribuidor tendrá derecho a percibir una compensación o indemnización en concepto de inversiones pendientes de amortización, pérdida de clientela o para indemnizar los despido de trabajadores de los que se vea obligado a prescindir. En todo caso, la nueva norma concreta que será nulo todo pacto en contrario por el que el proveedor se reserve la facultad de modificar unilateralmente el «contenido esencial» de los contratos especialmente la gama de productos y servicios contractuales, el plan de negocio del distribuidor, las directrices comerciales o los criterios de selección de los distribuidores.

Finalmente, al concesionario únicamente está obligado a realizar las inversiones especificas necesarias para la ejecución del contrato «que figuren expresamente relacionadas» en el contrato, y únicamente en el caso de que se establezca para cada una de ellas el período en el que se considere que quedarán amortizadas.