El auto del presidente del Tribunal General levanta la suspensión cautelar porque considera que no ha quedado demostrado la existencia de circunstancias que creen «una urgencia tal que justifique» la concesión de las medidas provisionales que reclaman en sus recursos Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa y la Comunidad Autónoma de Galicia.

Y explica que una suspensión cautelar tiene por objetivo «a fin de evitar un perjuicio grave e irreparable para los intereses de la parte que la solicita».

A los perjuicios invocados por la Xunta, por el cierre de las centrales térmicas ubicadas en su territorio, el tribunal considera que «no ha demostrado, y ni siquiera ha alegado, que la producción eléctrica de las centrales de que se trata represente, no sólo la actividad de un limitado número de empresas, sino más bien un sector económico de crucial importancia» para la región.

Con todo, el tribunal deja claro que este auto «no prejuzga el resultado» de la sentencia definitiva que se producirá más adelante. El fallo definitivo puede tardar entre año y medio y dos años.

La Comisión aprobó el pasado 29 de septiembre el real decreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al considerar que ese incentivo para el consumo de carbón nacional es compatible con las normas comunitarias de mercado interior.

En concreto, el decreto fija un precio por encima del de mercado para la quema de carbón autóctono en centrales térmicas, lo que permitirá absorber el excedente de este mineral y resolver los problemas coyunturales de las empresas del sector.

Pero el sector eléctrico considera que la norma vulnera la ley al desplazar de la generación eléctrica a otras tecnologías, como los ciclos combinados, e insiste en la necesidad de que el Gobierno encuentre una solución para estas fuentes para que la medida deje de ser lesiva.