Montoro asegura que Jordi Pujol no se acogió a la amnistía fiscal

02/09/2014

diarioabierto.es. El ministro de Hacienda se refiere al caso de Pujol como "uno de los más graves casos de fraude fiscal en términos cualitativos de España". Anunció que el Gobierno ha pedido a la Abogacía del Estado que se persone en los juicios a los Pujol.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado este martes que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol no se acogió a la amnistía fiscal decretada por el Gobierno en 2012: «El expresidente no presentó declaración tributaria especial», ha dicho ante la Comisión de Hacienda del Congreso.

Además, ha anunciado que ha pedido a la Abogacía del Estado personarse en los procedimientos abiertos en los tribunales, para que la actuación de la Agencia Tributaria pueda estar presente en los procedimientos judiciales y no sólo en los administrativos.

Montoro ha adelantado a los parlamentarios que no podrá dar mucha información de las investigaciones de la Agencia Tributaria, pero ha abierto la puerta a que el Parlamento correspondiente abra una comisión de investigación y le solicite información. También ha dicho que podría modificarse la Ley General Tributaria.

Además, ha apuntado algunas de las investigaciones a la familia Pujol Ferrusola en las que ha colaborado Hacienda, entre ellos una entre 2000 y 2002 en la que estaba involucrada a una empresa del Ibex 35, así como la colaboración del servicio de vigilancia aduanera en el caso de las ITV y la investigación de posibles operaciones en Estados Unidos, suiza, Reino Unido, Holanda, México, Luxemburgo y Andorra.

La responsabilidad no se agota en un comunicado

El ministro ha advertido a Pujol de que su responsabilidad con la Hacienda pública no se agota en un comunicado y de que tiene intención de actuar en su caso por la vía administrativa y la judicial, porque a la vista de las informaciones conocidas no puede descartarse «que se hayan cometido varios delitos«.

«Si creía que pidiendo perdón públicamente se hacía borrón y cuenta nueva se equivocaba de pleno», ha dicho Montoro, añadiendo que la obligación del Ministerio es perseguir el fraude fiscal lo cometa quien lo cometa, e independientemente de su poder «económico, mediático o político».

Ante la Comisión de Hacienda del Congreso, donde comparece para hablar de este caso y de la evolución general de la lucha contra el fraude fiscal, el ministro se ha referido al caso de Pujol como «uno de los más graves casos de fraude fiscal en términos cualitativos de España».

Y ha precisado que si puede hablar del caso es porque, al igual que sucedió con el extesorero del PP Luis Bárcenas, es porque el interesado ha hecho pública su situación tributaria, de modo que «no buscan el amparo de confidencialidad» que ofrece a los ciudadanos la Ley General Tributaria.

Independentismo e interés personal

Montoro no ha dejado pasar la ocasión de reprochar a Pujol que «a la par que la Agencia Tributaria investigaba la fortuna familia, se ha reconvertido sorprendentemente en un adalid del independentismo». Es más, cree que la «radicalización de los discursos políticos» pidiendo instituciones propias para Cataluña tiene que ver con que «no están contentos con las actuaciones del Estado que nos acoge a todos».

Así, ha criticado a quienes «pretenden lanzar pulsos al Estado y al mismo tiempo se están lucrando y sacando partido personal del mismo» y ha remarcado que «ningún dirigente político sensato puede tolerar la manipulación y el cinismo político de quienes sostiene un discurso político y en privado trabajan por el interés general de unos pocos».

Los herederos políticos, ¿Contaminados?

El ministro ha advertido que estos casos generan indignación en los ciudadanos, y ve normal que éstos se pregunten si los «herederos políticos» de Pujol «no estarán contaminados por esa presunta herencia».

Montoro ha finalizado proclamando que Cataluña «es mucho más» que estos asuntos, y que «tiene representantes políticos más fiables». «La Cataluña real es la emprendedora», ha dicho, y se ha mostrado convencido de que los ciudadanos de Cataluña «que tienen razón en sentirse engañados» valorarán la «fortaleza del Estado» en este caso.

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