El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Ricardo Montoro Romero, ha protagonizado en la comisión correspondiente del Congreso una intervención de las que conciliaría a los ciudadanos con sus representantes políticos, y más concretamente, con sus gobernantes, ante el descubrimiento del “fraude continuado durante más de 30 años” del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol i Soley, al que presentó como lo que ha sido, un auténtico gandul. Digo “conciliaría” porque su discurso, más político que técnico, le ha restado credibilidad y valor. Les cuento. Montoro, con tono enérgico, proclamó que la declaración de Pujol reconociendo el fraude, no se debía a un repentino “ataque de conciencia”, sino a las actuaciones de la policía, la Agencia Tributaria y la judicatura. Con ello dio credibilidad a la información de que podía ser detenido por la Guardia Civil en cualquier momento y decidió confesar para evitar un escándalo mayor.

Al vincular con el proceso soberanista catalán esas actuaciones del Estado contra el honorable defraudador, Montoro, que llevaba el papel escrito, sembró la duda de si se habría producido la persecución del personaje y su clan de no haber alentado la ruptura del Reino de España, proclamado su famoso “España nos roba” e incentivado el separatismo catalán. Montoro extendió la amenaza a sus pupilos y descendientes políticos, señalando especialmente a Artur Mas, al que no citó. Ese aviso a navegantes y la actuación contra el clan de los Pujol, coincidiendo con la exacerbación del discurso independentista, puso de relieve que estamos ante una operación política “in extremis”, ordenada por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, desde el momento en que Mas le saltó a la yugular hace dos años en La Moncloa. No son razones fiscales, sino políticas, las que Montoro exhibió con un desparpajo que le restó credibilidad y acreditó el epíteto de “tontoro” que Felipe González le dedicó en su día. El desparpajo rozó el ensañamiento en algunos pasajes de su monólogo escrito.

Más allá de que Montoro insistiera en que no todos los políticos son iguales y se esforzara en reiterar que “quienes aprobamos y aplicamos las leyes tenemos la ineludible obligación de ser eficaces, honestos, honrados y transparentes”, el valor ejemplarizante en materia tributaria del caso Pujol y su fortuna andorrana a buen recaudo de la hacienda española, quedó reducido a cero por las evidentes connotaciones políticas. Y ya se sabe que cero por cero es cero. En ese sentido, las preguntas que se hace la gente y que se hizo también Montoro: “¿Cuántos otros han estado defendiendo sus intereses personales y no los colectivos? ¿Cuántos otros estarán contaminados también?”, sonaron a “flautis vocis”, ecos huecos y remotos. Y su solemne afirmación de que “llegaremos hasta el final, con la abogacía del Estado personada en el proceso judicial”, habida cuenta de los delitos ya detectados, solo invitan a preguntarnos si el final será la anulación del referendo independentista o, como en los casos Gurtel, Matas, Bárcenas, Fabra, Eres fraudulentos y otros de la larga ristra de corrupción política habrá que esperar tres lustros y las sentencias recaerán sobre las tumbas.

La intervención del ministro sirvió en todo caso para mostrar y demostrar que la política puede ser despiadada cuando se rompen los pactos. Y en el caso que nos ocupa produce además una indignación superlativa ante el cinismo de los protagonistas. Veían ahí a un tipo, Pujol, que cultivaba una imagen de honradez y honestidad y que creó su propia fundación para defender esos valores… ¿Lo veían, verdad?, evocó Montoro. Pues ya no lo ven. Era un falsario, un trilero. Eso no lo dijo textualmente así. Y la sociedad, claro, “está escandalizada”, incidió. Sobre los detalles del fraude propiamente dicho, manifestó que no podía entrar porque el secreto tributario lo impide, pero ofreció dos posibilidades: el levantamiento del secreto para los cargos públicos relevantes y la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña, a la que la Agencia Tributaria estaría obligada a suministrar toda la información que posee. Un ministro generoso, el profesor Montoro.