El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado este martes en el Senado que más de 20.000 familias se han beneficiado ya de las políticas en materia de vivienda puestas en marcha por el Gobierno de España.

Así, ha asegurado que el código de buenas prácticas ha permitido 6.500 restructuraciones de deuda y más de 2.100 daciones en pago. Asimismo, ha indicado que «prácticamente» 1.400 familias han tenido ya un alquiler del Fondo Social de Viviendas «en condiciones de alquiler muy favorables» y que se han suspendido más de 10.000 lanzamientos en aplicación de las normas aprobadas por el Ejecutivo.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro ha respondido así después de que el senador socialista Antonio Rodríguez Esquerdo le haya preguntado sobre lo que piensa hacer el Gobierno para dar cumplimiento a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que cuestiona la última reforma de la Ley Hipotecaria por discriminar a los desahuciados.

Además, De Guindos ha afirmado que el Ejecutivo está «estudiando» ampliar la moratoria de la suspensión de los lanzamientos y la prórroga del Fondo Social de Viviendas. Finalmente, ha señalado que la generación de empleo es «la verdadera política para defender a los deudores hipotecarios».

Del mismo modo, el titular de Economía ha recordado que a partir de ahora el deudor hipotecario podrá interponer recursos de apelación y que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo ya está incorporada a la Ley española. Además, ha indicado que el Ejecutivo ha establecido un periodo adicional de un mes para los procedimientos en los que ya hubiera concluido el plazo para recurrir el auto.

Asimismo, ha indicado que la sentencia «no cuestiona la legislación hipotecaria«, sino que «establece un ajuste procesal de carácter meramente técnico» que el Gobierno ha adaptado «rápidamente» a través de un Real Decreto Ley. De Guindos ha resaltado que este es «el primer Gobierno que protege a los deudores hipotecarios».

Mientras, el senador socialista ha señalado que es la segunda vez que en pocos meses el Tribunal de Justicia Europeo pone «en tela de juicio la legislación hipotecaria española» y ha asegurado que esta Ley «no soluciona nada y genera un caos procesal».

Rodriguez Esquerdo ha asegurado que desde Europa le dicen al Gobierno que «su ley no protege a los consumidores» y le indican que esa legislación viola los derechos fundamentales de las personas. Además, ha acusado al Gobierno intentar «favorecer los privilegios de la banca frente a los derechos fundamentales de las personas», y ha solicitado al ministro que derogue la citada Ley.

«No volveremos a consentir y a soportar que, como ocurrió en 2013, más de 40.000 familias pierdan su vivienda y éstas pasen a sus amigos de la banca», advirtió el senador socialista.

Avance en el segundo trimestre del año

Por otra parte y según datos del ministerio de Economía, el Fondo Social de Viviendas (FSV) recibió 1.067 solicitudes durante el segundo trimestre de 2014, cifra aún preliminar que supone un avance destacado desde su puesta en marcha, en enero de 2013.

La ampliación de los requisitos para el acceso a una de las 6.000 viviendas con alquiler reducido que 33 entidades financieras han aportado al FSV, se ha traducido en un aumento de las solicitudes, según el ministerio de Economía.

Estas «mejoras», según el calificativo de Economía, abarcan a prácticamente todos los colectivos con necesidades especiales derivadas de la crisis, atendiendo sobre todo a las circunstancias familiares.

La cifra de solicitudes en el segundo trimestre del año (1.067) se ha traducido en 446 viviendas adjudicadas y 412 contratos firmados. Durante todo el primer año de puesta en marcha del FSV se recibieron 1.537 solicitudes, se adjudicaron 780 y se firmaron 481 contratos. El avance entre los meses de abril y junio de este año responde a que se han flexibilizado los requisitos de acceso a este tipo de viviendas de alquiler a precio reducido (entre 150 y 400 euros al mes).

El FSV se constituyó tras la firma de un convenio entre los ministerios de Economía, Fomento, Sanidad, las principales entidades de crédito, la Federación de Municipios y la Plataforma del Tercer Sector en enero de 2013. Vence en enero de 2015 y podría prorrogarse de acuerdo con lo anunciado por De Guindos.

En mayo de este año, la Comisión de Seguimiento y Coordinación del FSV amplió los requisitos con el fin de dar cabida a más personas y familias en dificultades.

Hasta la fecha, la moratoria en vigor ha permitido, según el ministerio de Economía, la suspensión de más de 10.000 lanzamientos. Además, unas 1.400 familias han accedido a un alquiler reducido del FSV y el Código de Buenas Prácticas ha permitido 6.500 reestructuraciones de deuda y más de 2.100 daciones en pago. En total, unas 20.000 familias se han beneficiado del conjunto de medidas puestas en marcha por el Gobierno durante la Legislatura para paliar el problema de los desahucios.