Catalunya hierve ante la Diada. El jueves la gran “V” que cruzará Barcelona cuenta con una inscripción masiva y mucha gente hace largas colas para adquirir la camiseta roja o amarilla que ha de configurar una gran bandera catalana. El número de inscritos para participar en este acto, según la Assamblea Nacional de Catalunya, el pasado domingo ya superaba el medio millón de personas. Mientras la Sociedad Civil Catalana ha convocado una manifestación en Tarragona, que contará con la presencia de Carmen Chacón, con unas expectativas muy reducidas.

Los precedentes de estas manifestaciones fueron una gran fiesta pacífica, por esto ha sorprendido que el Ministerio del Interior haya desplazado a Catalunya quinientos policías nacionales y setenta furgonetas antidisturbios. Los rumores de que hay quien esté interesado en envenenar este acto están al orden del día

Ya hace tiempo que la sociedad ha superado los planteamientos de los políticos en el deseo de poder votar sobre el futuro de Catalunya. Los titubeos de CiU sobre lo que sucederá cuando el Tribunal Constitucional suspenda el referéndum y las palabras de Artur Mas asegurando que la votación es consultiva y que no tendría efectos prácticos lleva a un sector significativo de la sociedad a inclinar sus simpatías por la ERC de Oriol Junqueras. Además las fuerzas que defienden que no se realice la consulta son muy minoritarias y los dos partidos hegemónicos en el Congreso en Catalunya tienen una fuerza muy relativa. Ello les permite radicalizar sus agravios con el pueblo catalán para hacer un frente contra el “enemigo común” y cohesionar a su electorado. Esta utilización ya la utilizaron sobradamente en la lucha contra el terrorismo. Tras la unión que propiciaba la condena de los crímenes de ETA escondían las numerosas deficiencias de su gestión.

En cualquier caso, sean cuales sean los movimientos de las próximas semanas, lo que es evidente –aunque muchos quieran ignorarlo- es que una parte importante de la sociedad catalana está descontenta con su relación con España y que quiere decidir su futuro. Las medidas que el Gobierno central pueda tomar para reprimir esta voluntad no sólo no solucionan el problema si no que lo pueden agravar considerablemente, por que el problema no es Artur Mas o Oriol Junqueras, si no los centenares de miles de personas que les impulsan a seguir este camino.