La reestructuración de la deuda de FCC, así como la negociación de los compromisos financieros de la sociedad instrumental B-1998 (a través de la que Esther Koplowitz mantiene la mayoría de FCC, con una participación algo superior al 50%) corren paralelos. Una trayectoria se influye en la otra a cierta distancia, si bien no se descarta que, desafiando los principios de la geometría, en algún momento se encuentren.

Quedan aún muchas incógnitas por despejar en los dos escenarios, aunque en medios financieros se da prácticamente por hecho que las negociaciones entre Esther Koplowitz respecto a la deuda de más de 1.000 millones de euros de B-1998 están encaminadas a un acuerdo por lo que, pese a que este lunes, 15 de septiembre, se cumplió el plazo se ha optado por no ampliarlo, confiando en una salida rápida. BBVA y Bankia son las claves del pacto, que se espera antes que concluya el mes, frente a las opciones que apuntaban a la entrada del financiero de origen húngaro Georges Soros en la instrumental.

Pero otra clave es la ampliación de capital anunciada. El consejo de administración de FCC acordó este lunes contratar a Santander, Morgan Stanley y JP Morgan para coordinar la ampliación por una cifra no cerrada, que no superará los 1.340 millones de euros y que tiene como objetivo reforzar los recursos propios de la compañía de infraestructuras.

Se trata de una cifra que es similar al tramo de la deuda corporativa que fue refinanciado el pasado marzo, y que lastra las cuentas con un diferencial entre el 11 y el 16%. La ampliación, que servirá para amortizar este endeudamiento, tendrá repercusiones en el accionariado de FCC. Parece evidente que la familia Koplowitz, aún mayoritaria de B-1998, no podrá acudir a la transacción ni directa ni indirectamente.

Y ¿cuál será la dilución de B-1998 tras la ampliación? El porcentaje final que ahora se señale es sólo en base a cálculos de varios posibles escenarios, y sólo se conocerá cuando se diseñe y materialice. No obstante, los bancos coordinadores perfilan una operación, a través de inversores institucionales, que no quite en principio el control de  la gestión a los que ahora la ejercen.