Así, se modifica la estructura interna de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), con la finalidad de reforzar el control del gasto público y la lucha contra el fraude. En este sentido, se crea la Oficina Nacional de Contabilidad, en la que se integran las tres áreas contables de la IGAE.

De este modo, según el Gobierno, se optimizan los flujos de información existentes, lo que permitirá disponer de una visión contable unitaria de la gestión administrativa y un seguimiento puntual del cumplimiento de los objetivos de déficit.

Asimismo, se crea el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude como interlocutor con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). En la actualidad, la Intervención General de la Administración del Estado ya viene apoyando la actuación de la OLAF en el control del fraude y de las irregularidades detectadas en el ámbito de los fondos europeos.

Además, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, antes adscrita al Ministerio de Presidencia, se integra en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Con ello, se refuerza su estructura para impulsar el proceso de racionalización de la política de tecnologías de la información y comunicaciones.

Por último, en el marco de la reforma de las Administraciones Públicas, el Real Decreto da un nuevo impulso al proceso de racionalización de la política de tecnologías de la información y de comunicaciones, que se extenderá al ámbito no sólo de la Administración General del Estado, sino también de sus organismos públicos.