La semana parlamentaria se divide entre celebraciones y aflicciones. Para conmemorar el triunfo de la democracia sobre los golpistas del 23-F, de cuya asonada se cumple el miércoles treinta años, el presidente del Congreso, hombre cosmético y buen anfitrión, ha invitado a almorzar al Rey, al que tanto debemos por haber cumplido su papel de defensor de la Constitución que consagró a España como una monarquía democrática y parlamentaria, y a los principales dirigentes y portavoces parlamentarios de aquel tiempo. Felipe González, Santigo Carrillo, Manuel Fraga, Miquel Roca, Marcos Vizcaya y el entonces presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, han confirmado su asistencia.

Tras el almuerzo con el Rey tendrá lugar, a eso de las cuatro y media, una reunión en el hemiciclo de cuantos diputados y periodistas quieran acudir a recordar el tejerazo, escuchar a Bono y hacerse una foto en la escalinata de los leones. Todo será ameno y entrañable. Se comprobarán las caras, los cabellos blancos, cenicientos, en retirada. Se abrazarán, se chocarán las manos y el “cómo te va” será la pregunta más reiterada. A los españoles no nos ha ido mal sino bien con la democracia y la monarquía constitucional. Algunas personas como Fernando Abril Martorell, Agustín Rodríguez Sahagún, Leopoldo Calvo Sotelo y tantos más no están ya en entre los vivos. El principal impulsor de la Transición, Adolfo Suárez, con sus 76 años y sus recuerdos borrados, no acudirá.

Meses antes del 23-F eran muchos, demasiados, los que querían liquidar a Suárez. Por doquier se hablaba del “golpe de timón”. Tres semanas antes del golpe, el 29 de enero de 1981, un Suárez acosado por los poderes fácticos y criticado por las familias de una UCD en descomposición, dimitió para evitar el golpe. “No quiero –dijo– que la democracia vuelva a ser un paréntesis de nuestra historia”. Los que querían echarle se sintieron satisfechos. Pero los golpistas se mostraron insaciables. Los aliados norteamericanos y, según el agente del CESID Juan Antonio Perote, también los soviéticos, conocían la fecha y la hora del golpe. Los militares USA decretaron la alerta en sus bases. Luego dijeron que era una “cuestión interna”. Los obispos tardaron lo suyo en condenar el golpe. También, algunos financieros. Hoy todos celebran el triunfo de la democracia.

Me decía hace unos días el general Andrés Cassinello, estrecho colaborador de Suárez como director de los servicios de inteligencia en los momentos más difíciles –la matanza de Atocha, la legalización del PCE, la amnistía de todos los etarras y las primeras elecciones democráticas de 1977– que hay una imagen que le persigue cuando hablamos de estos temas. La extrajo de algún texto de Ortega. Dos hombres prehistóricos se divisan en un campo y sienten miedo uno del otro, pero siguen caminando sin variar su rumbo; cuando se encuentran, cada uno agarrota la mano del otro. Nació así el saludo. Eso fue la Transición.

A Suárez le traicionaron, pero la Transición –reconciliación, paz, democracia—fue ya imparable. Del 23-F sabemos bastante y desconocemos más. Los golpistas Armada, Milans, Tejero… fueron la expresión de una sublevación militar parcial, indisciplinada y mal organizada de algunos mandos que como el 18 de julio de 1936 querían volver a “salvar España”. La trama civil y financiera que tenían detrás sigue sin aparecer. Y los que alentaban el “golpe de timón” se convirtieron en sepulcros blanqueados. La reconciliación siguió su curso.

Además de ignorar la ignorancia y de celebrar los recuerdos, el presidente Zapatero desea animar la precampaña electoral con un debate la mañana del jueves sobre política social. España es un país próspero que ha tenido que frenar las políticas sociales por la inesperada crisis financiera, no por voluntad del Gobierno. Pero los cuatro millones y pico de parados no deben perder la esperanza. Las fuerzas de la indignación deben ser encauzadas para encontrar empleo y producir más. Eso nos dirá antes de introducir el mensaje del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, y de la señora Merkel de que los salarios –y también las pensiones y la asistencia social– no deben crecer más de lo que aumente el PIB.