Con la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que tanta ventura lleve como descanso deja, los pasillos del Congreso eran el miércoles un hervidero de comentarios: que si Rajoy lo dejó a los pies de los caballos por culpa de las prospecciones electorales del áulico Pedro Arriola, a la sazón marido de la indómita Celia Villalobos, contraria a la contrarreforma del aborto; que si fue Soraya Sáenz de Santamaría, ¡madre de Dios!, la que le puso la proa; que si la dimisión se produce en el momento menos oportuno, cuando era el encargado de interponer el recurso ante el Constitucional contra la ley catalana de consultas, y por ahí para allá. Lo cierto es que Gallardón se ha ido –del Ministerio, el escaño de diputado y el puesto en la dirección del PP– y solo él y Rajoy saben como ha sido.

Desaparece de la escena política un serio aspirante a sustituir a Rajoy, un “patanegra” fraguista  que comenzó su carrera política en 1985 ayudando a su padre, José María, jurista y diputado de Alianza Popular, a elaborar el recurso de inconstitucionalidad contra la despenalización de la interrupción del embarazo en los tres supuestos (violación, malformación del feto y grave riesgo para la salud y la vida de la gestante), y la termina veintinueve años después peor que los burros, con el tropiezo en la misma piedra, lo cual no quita mérito a esa inflexibilidad y dogmatismo que algunos llaman coherencia.

Es tan cierto como el que saca un ojo y queda tuerto que su afirmación pública de que el proyecto de reforma de la ley de plazos o “ley Aido” que el PP recurrió al Constitucional en 2010 (el veredicto sigue pendiente) iba a llegar al Congreso “antes de que acabe el verano” fue desmentido por el paso del tiempo, pues el verano acabó el martes y el proyecto no llegó al templo de la soberanía nacional. Para despejar dudas, el propio Rajoy confirmó antes de viajar a China su decisión de no mandarlo por falta de consenso y porque “sirve de poco aprobar una ley si al medio minuto la anula el siguiente gobierno”.

La justificación del jefe del Ejecutivo, esa “falta de consenso”, fue extendida de inmediato a otras leyes con rango de “trágala” contra las que se ha conjurado toda la oposición: léase la reforma laboral, la ley de administración local que suprime cientos de entidades locales menores y deja sin competencias ni servicios a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en beneficio de las Diputaciones y mayor gloria del caciquismo provincial. Y léase, sobre todo, la reforma educativa que con las siglas LOMCE recupera el sistema de hace cuarenta años, el espíritu de Villar Palasí, y convierte en una carrera de obstáculos para los hijos de familias pobres y empobrecidas el acceso a la Universidad.

Y en esa tesitura, la de “falta de consenso”, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se quedó sin palabras para poder contestar al socialista Mario Bedera: “¿Qué diferencia hay para que Gallardón dimita y usted no?” Quizá la diferencia está en que Gallardón era el segundo ministro peor valorado y Wert es el primero. O que desde enero de 2012 hasta hoy ha contribuido a la mejora de la calidad educativa dejando a 24.000 profesores de educación básica y media en paro, y a 6.000 más en la universidad, como también subrayó Bedera.

Si para mejorar la educación había que detraer 12.000 millones de euros de dinero público y reducir su peso del 5 al 3,5% del PIB, además de introducir el darwinismo en las aulas de modo que solo sobrevivan las especies con mayor renta o, en palabras de Rajoy, “los hijos de las familias de buena condición”, el áulico Arriola tendría que evaluar el impacto electoral de la salvajada y contárselo a Rajoy para que prosiguiera el deshielo. Gallardón quiso contentar a los obispos y acabó mal. Wert los también los ha querido contentar y todavía no ha acabado. ¿Por qué?

Consignar por otra parte que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, fue la encargada de responder a la interpelación de Gaspar Llamazares (IU) sobre la petición de dimisión de Gallardón. Y que en respuesta a la socialista Concha Gutiérrez sobre la creación de empleo, que es lo que importa, Báñez aseguró que “hay 105.000 vacantes en el portal Empleo” de su departamento.