En concreto, publica una sanción de amonestación pública por la comisión de la infracción «muy grave» tipificada en la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, consistente en presentar la entidad «deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de los riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad».

Asimismo, publica otra sanción de amonestación pública tipificada en el mismo cuerpo legal por la comisión de la infracción «grave» consistente en «el incumplimiento de las normas vigentes en materia de límites de riesgos o de cualquiera otras que impongan limitaciones cuantitativas, absolutas o relativas, al volumen de determinadas operaciones activas o pasivas».

Por último, publica una tercera sanción de amonestación pública por la comisión de infracción «muy grave» consistente en «incurrir las entidades de crédito o el grupo consolidado en insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos cuando estos se sitúen por debajo del 80% del mínimo establecido reglamentariamente en función de los riesgos asumidos, o por debajo del mismo porcentaje de los requerimientos de recursos propios exigidos, en su caso, por el Banco de España a una entidad determinada, permaneciendo en tal situación por un periodo de al menos seis meses».

El pasado 21 de julio de 2010 el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, actuando por delegación de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, dictó orden ministerial resolviendo el expediente incoado por la Comisión Ejecutiva del Banco de España con fecha 24 de abril de 2009 a la Caja Castilla-La Mancha, entre otros.

Una vez que este expediente es firme en vía administrativa, el Banco de España publica en el BOE las citadas sanciones de amonestación pública impuestas entre otras en dicha orden ministerial.