La aplicación de sucesivas normas que afectan a la actividad eléctrica es, por el momento, irreversible. Los efectos, como la reducción de la remuneración a la actividad regulada y el aumento de las tasas, han gravado las cuentas de las empresas integradas en Unesa en 2013 en unos 4.000 millones de euros, si bien el sector parece que ha pasado página. En esta línea, el presidente de la organización, Eduardo Montes, ha señalado este viernes, 26 de septiembre, que la ley eléctrica proporciona otros aspectos positivos como la estabilidad regulatoria y que acabará con el déficit tarifario.

Reiteró que la legislación les ha dañado, pero las prioridades actuales son otros temas pendientes como el tratamiento de las centrales de ciclo combinado, que atraviesan una situación insostenible por su mínima utilización -entre el 50 al 60% de la capacidad instalada han dejado de funcionar-. «Es preciso modificar el sistema de pagos por capacidad», añadió, si las centrales son necesarias para garantizar el suministro. Otra cuestión pendiente es avanzar en la liberalización del mercado.

Respecto al déficit de tarifa, que se genera cuando los ingresos no cubren los costes regulados, ascendió a 3.189 millones de euros en 2013, un 43,1% inferior al generado en el ejercicio anterior. Este año estima que será prácticamente cero, si todos los agentes actúan de forma debida.