Del debate sobre el futuro de Catalunya y la crispación que provoca en el resto de España (no en Catalunya, pese a los esfuerzos de Alícia Sánchez Camacho y Albert Rivera) sorprendentemente ha quedado fuera del debate un tema que a mí me parece central: Las actuales leyes no sirven y lejos de aportar soluciones se convierten en el problema

Hace más de diez años que los catalanes muestran su insatisfacción con el actual encaje político en España. Se hizo un Estatut en el 2006, el Congreso lo dejó irreconocible y de propina PP y PSOE lo llevaron al Constitucional que lo acabó de depurar en el 2010 pese a que había sido refrendada por el pueblo. Al conocerse la sentencia la clase política se asustó ante la reacción de los catalanes (como también aseguraron haber entendido las movilizaciones del 15-M) y prometieron cambiar las leyes para superar el trance. Incluso el socialista Montilla convocó una manifestación. Las palabras se las lleva el viento y el malestar fue en aumento, aunque se de la incongruencia jurídica de lo que es inconstitucional en Catalunya no lo es en otras comunidades.

El malestar en Catalunya siguió creciendo y los encargados de encauzar la situación siguieron haciendo oídos sordos en beneficio de sus parcelas electorales. Incluso cuando Ibarretxe primero y una representación del Parlament después, llevaron al Congreso sus propuestas recibieron un sonora bofetada

Sólo ahora se levantan voces reclamando una imposible reforma de la Constitución dada la incapacidad de las dos principales fuerzas de articular una nueva Carta Magna que, además, pudiera satisfacer las aspiraciones de catalanes y vascos (y España no se puede permitir el lujo que catalanes y vascos rechacen el texto). Además las propuestas de reforma del PSOE son un brindis al sol sin contenido definido (por no tener, ni tienen claro lo que significa un estado federal).

La Constitución está obsoleta. Se hizo en unas circunstancias muy concretas para facilitar la transición. Además el mundo de 1977 no es el del 2014 y, de propina, se ha utilizado como un chiclé para hacerle decir lo que en un momento interesaba al poder. En cualquier caso lejos de resolver los problemas la interpretación que de ella se hace ha servido para incrementarlos y sus árbitros  transmiten una sensación de que están muy lejos de la imparcialidad.

Cuando las leyes no sirven para resolver un problema el problema aumenta. Ahora el Constitucional suspenderá cautelarmente la ley de consultas, el president de la Generalitat no sabemos que carta jugará, pero sea cual sea el número de catalanes que quiere decidir su futuro no desaparecerá por esta resolución, al contrario provocará más desafección de muchos catalanes hacia España.