El grupo Caja Rural, compuesto por 72 entidades que representan al 80% de las cajas rurales que operan en España, ha anunciado que va a modificar el marco jurídico de la Asociación Española de Cajas Rurales. Esta es la entidad a la que pertenecen todos los miembros del grupo.

Con este anuncio descartan el modelo de sistema institucional de protección (SIP) que hasta ahora estaba planteado. Según el comunicado oficial, “el grupo readapta el proceso de reforzamiento de su sistema y estima conveniente que la nueva estructura no se encauce por medio de un SIP de los previstos en la normativa bancaria vigente”.

El objetivo es –según dicen- seguir reforzando los compromisos financieros de apoyo mutuo entre sus miembros y robustecer los mecanismos de disciplina y supervisión. Y aluden a otros modelos europeos de banca cooperativa como Crédit Agricole en Francia, Rabobank en Holanda o DZ Bank en Alemania.

Este objetivo de colaboración y cooperación es el que utilizan para argumentar que el grupo “no ve necesario que el nuevo marco jurídico que se proponga obtenga la calificación de SIP a efectos regulatorios”. Y añaden que pretenden evitar interpretaciones erróneas, dada la utilización de esta figura por otras entidades financieras diferentes a las cooperativas de crédito.

Esta modificación del marco jurídico de la Asociación se realizará “en breve plazo de tiempo” y afectará al sistema cooperativo de colaboración, a los procedimientos de disciplina y supervisión y a los órganos coordinadores del grupo.

Actualmente Caja Rural cuenta con más de 3.600 oficinas, 13.000 empleados y 59.000 millones de euros en activos.