Ahora que el conjunto de cifras y porcentajes de ingresos y egresos que conforman los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año entrante han sido ampliamente explicados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y calificados de “creíbles” por el gobernador del Banco de España, Luis Linde, que para eso le pagan, parece llegada la hora de contar a los lectores la principal novedad que contienen y que a saber por qué no habrá sido comentada por la patulea de tertulianos y opinadores que nos abruma. Se trata de la delación explícita y con cifras de la “tangentópolis” o recaudación paralela que hasta ahora venía nutriendo las arcas de los principales partidos políticos. Me explico.

Puede que el PIB crezca el 2% o puede que no; puede que la recaudación fiscal crezca el 6% o puede que no; puede que el desempleo baje por el descenso de la población activa y la creación neta de puestos de trabajo o puede que no. Pero lo que predomina sobre la presunción, proyección o suposición explícita en el término “presupuesto” es el destino del dinero público o gasto que será aprobado por los representantes del soberano. Y ahí vemos cómo la financiación ordinaria de los partidos políticos pasa de 82 millones de euros este año a 153,7 millones, casi el doble, el año que viene.

¿A qué se debe? ¿Por qué se produce ese aumento tan sorprendente y extraordinario? Algunos expertos han tratado de iluminar nuestro entendimiento atribuyendo el incremento al hecho de que 2015 es año electoral, con comicios municipales y autonómicos en el mes de mayo y elecciones generales en el mes de noviembre si no ocurre nada grave (la secesión de Cataluña, por ejemplo) que obligue a Mariano Rajoy a adelantar la convocatoria. Sin embargo, no es esa la razón, pues para cubrir las necesidades electorales de los partidos, el PGE ya consigna en la partida correspondiente del Ministerio del Interior la cantidad de 101 millones de euros, y para los dispositivos y propaganda institucional contempla otra partida de 187,6 millones de euros. En total, 288,6 millones para las elecciones propiamente dichas.

Más cierto y en todo caso acertado es atribuir el espectacular aumento al firme compromiso que han alcanzado de no seguir compitiendo dopados. Si los históricos casos Filesa y Naseiro no sirvieron en su día de vacuna contra la financiación paralela y las dádivas a cambio de recalificaciones, licencias, contratas, privatizaciones, favores y concesiones que han convertido la política en una ciénaga plagada de saurios voraces, astutos y sinvergüenzas, parece que al fin la trama de los gurtélidos y su mayor pieza relacionada –el extesorero del PP, Luis Bárcenas– ha removido la conciencia de los ciudadanos y obligado a los políticos a cortar la corrupción.

Si los pactos no se tuercen y la ley sobre el control de la financiación de los partidos, a debate en el Congreso, sale adelante, pronto habrá en las sedes de las distintas formaciones políticas unos delegados permanentes del Tribunal de Cuentas del Reino que, cual interventores, controlarán los ingresos, los gastos y las actividades día a día, todos los días del año. Es un buen remedio contra los ingresos y donativos por razones inconfesables. Puede que resulte insuficiente y que las tendencias de plomo no se transformen de la noche a la mañana en conductas de oro, pero dejará a salvo de la adoración del becerro propiamente dicho a esos instrumentos constitucionales de articulación de la participación política de los ciudadanos que son los partidos. Y entonces, claro, necesitan más dinero, como, por primera vez, refleja el Presupuesto.