Como estaba previsto desde hace más de un año, cuando varios terremotos afectaron a la costa Mediterránea, frente a Castellón y Tarragona, el almacenamiento de gas de Castor será clausurado, pero dejando una puerta abierta a un posible resurrección de la infraestructura si la tecnología futura asegura su viabilidad sin riesgos para las poblaciones cercanas.

Una solución que se materializa a través del traspaso de las responsabilidades financieras por la inversión realizada, 1.350 millones de euros, a Enagás -la compañía responsable del sistema gasista y del transporte-, con lo que la hasta ahora sociedad titular del proyectos, Escal, participada mayoritariamente por ACS, se queda libre de las cargas que Castor conlleva.

En esta línea, el consejo de ministros ha aprobado este viernes, 3 de octubre, un real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal, en la que participa ACS.

La compensación será abonada por Enagás, con una operación que está «muy ligada a financiación del BEI», según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Y será el sistema gasista, en otras palabras, serán los consumidores los que resarcirán a Enagás durante un periodo de 30 años.

La hibernación de la instalación «implica que está prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural» en el almacenamiento, cuya concensión a Escal queda extinguida al haber aceptado el Gobierno la renuncia al proyecto presentada por los promotores, explicó.

Por su parte, Enagás a enviado un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el que señala que el decreto declara «extinguida la concesión de
explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural denominada Castor, por lo que el derecho y el uso de la estructura geológica del almacenamiento subterráneo se reintegran al dominio público».

Las instalaciones asociadas a la concesión que se extingue quedan hibernadas y no se
realizará ninguna inyección o extracción de gas natural en las estructuras  geológicas del subsuelo que conforman el almacenamiento subterráneo. El Gobierno asigna la administración de las instalaciones a la sociedad Enagás Transporte, cuyo capital pertenece íntegramente a Enagás.

El grupo que preside Antonio Llardén se encargará durante la hibernación del mantenimiento y operatividad de las mismas «con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de las instalaciones para las personas, los bienes y el medioambiente». Los costes de mantenimiento y operatividad de las instalaciones serán abonados a
Enagás Transporte con cargo «a los ingresos por peajes y cánones del
sistema gasista».

Enagás señala que ya ha acordado con varias entidades financieras la cesión de esos derechos de cobro y estos bancos serán los que adelantarán el pago a Escal UGS SL del valor de la inversión reconocida. La cesión de los derechos de cobro y la correspondiente financiación se formalizarán de manera inmediata una vez que se publique el decreto en el BOE

Una vez cerrada la operación, para Enagás tendrá un carácter neutro desde el punto de  vista  financiero:  no  tendrá  efecto  en  las  cuentas,  no  incrementará el endeudamiento y no alterará los objetivos de inversión. Según las conversaciones mantenidas con las agencias de rating, Enagás considera que tampoco tendrá impacto en su calificación crediticia.