En riesgo de desaparición. El próximo 31 de diciembre se cumple la prórroga para la extinción definitiva de la renta antigua. Los autónomos y los propietarios de pequeños comercios, cafés, bares y hasta oficinas tratan de presionar al Congreso. Organizaciones del sector cifran en 200.000 el número de establecimientos afectados, la mayoría situados en cascos antiguos. Algunos de ellos situados en zonas tan señaladas como el Barrio de las Letras de Madrid, el Tubo de Zaragoza o el Sardinero de Santander.

La finalización de los contratos de renta antigua obligará a echar el cierre a comercios y cafeterías situados en el centro histórico de las ciudades. La asociación de autónomos UPTA y una plataforma de afectados creen que hay 200.000 establecimientos afectados por la actualización de las rentas antiguas. Algunos de ellos han recibido ya la carta de finalización de contrato, afirman.

El próximo 31 de diciembre finaliza la prórroga ofrecida por la ley de arrendamientos urbanos en 1994. A partir de entonces los propietarios de esos negocios se verán obligados a pagar una renta acorde a los precios actuales. Un golpe económico que, en un contexto de crisis económica, puede suponer el cierre de muchos de estos locales, argumentan desde la asociación.

Finaliza la prórroga de 20 años

La actualización de las rentas del alquiler proviene de un real decreto aprobado en 1985 y que suspendió la prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento celebrados a partir del día 9 de mayo de ese año, informan los autónomos. En 1994, la ley de arrendamiento urbano (LAU) impuso una moratoria de veinte años para los locales arrendados bajo una ley anterior, la LAU del 64. La moratoria llega a su fin en apenas dos meses. Y el 1 de enero los negocios deberán pagar una renta muy superior a la actual.

“El día 1 de enero muchos de nuestros comercios tradicionales, especialmente los del centro de las capitales, se verán obligados a negociar un nuevo contrato de arrendamiento”, apuntan desde UPTA. Los comerciantes y hosteleros esperan un incremento de la renta de tal magnitud que, en el actual contexto de crisis económica, hará “inviable su supervivencia”, advierten.

Autónomos y una plataforma de afectados constituida abogan por la aprobación de una prórroga a través de una modificación de la disposición transitoria tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) 29/1994.

Piden 10 años más de moratoria

En concreto, los autónomos, que este jueves se reunirán con diputados del PSOE, reclaman un régimen transitorio que aplique una moratoria de 10 años en todos los casos, lo que pospone la extinción de los contratos hasta el 1 de enero de 2025.

Durante este período, la renta se actualizaría en función de la diferencia entre el IPC de arrendamientos urbanos de los últimos veinte años a 31 de diciembre de 2014, y el IPC general del mismo período; lo cual supondría una actualización media del 30%, según los cálculos de sus promotores, y que “equilibra” los intereses de arrendadores y arrendatarios.

UPTA cifra en unos 200.000 el número de establecimientos afectados, entre los sectores del comercio y la hostelería, talleres de reparación, pequeños alojamientos hoteleros y hasta oficinas profesionales.

Los comerciantes tratan de frenar el fin la prórroga con una ofensiva en el Congreso. El secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, y representantes de las Plataformas de Afectados por la finalización de los contratos de renta antigua de Andalucía y Madrid se reúnen este jueves con representantes del PSOE y del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Por parte del PSOE acudirán las diputadas Pilar Lucio y Leire Iglesias, pertenecientes a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE; el diputado Félix Lavilla y el senador Juan Manuel Fernández.

Además de su propuesta al Congreso, los autónomos presentarán al Gobierno una propuesta para que este elabore en el plazo de 6 meses un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico. Pretenden con ello que se aprueben medidas a fin de preservar la identidad del paisaje comercial urbano de las ciudades y evitar en el futuro “amenazas como las que ahora se presentan”, concluyen.