La reforma de las cooperativas de crédito y cajas rurales no para de darle disgustos al ministro de Economía, Luis de Guindos. A la férrea oposición de algunos ‘barones’ regionales del Partido Popular, especialmente el de la Comunidad Valenciana, a que se obligue a estas entidades, como a las cajas de ahorros, a bancarizarse, se unen ahora las pretensiones ultraintervencionistas de la Junta de Extremadura, gobernada también por el PP. En este asunto, De Guindos tiene el enemigo en casa.

Economía ha dado a la Junta de Extremadura seis meses de plazo para llegar a un acuerdo sobre el real decreto ley aprobado por el Gobierno de José Antonio Monago por el que éste se atribuye la última decisión sobre fusiones o integraciones de entidades financieras de la región (solamente, la Caja Rural de Extremadura y CajAlmendralejo) con otras de fuera de este zona.

El Gobierno entiende que esta norma invade sus competencias y, si la Junta de Extremadura, no cede, está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Constitucional.

Toda esta historia se remonta a la integración de la Caja Rural de Extremadura en el Grupo Ibérico, un sistema institucional de protección (SIP) impulsado por la sevillana Rural del Sur y del que formaba parte también la Rural de Córdoba. Antes, las dos cajas de ahorro de la región se unieron a grupos nacionales: Caja Badajoz, a Caja3, que ha terminado en manos de Ibercaja, y Caja Extremadura, a Liberbank.

Al llegar Monago al poder, gracias a los votos ‘contra natura’ de Izquierda Unida, y no poder dar marcha atrás a las fusiones de las cajas de ahorros de la zona, obligó a la Rural de Extremadura a abandonar el Grupo Ibérico, pese a la opinión en contra del Banco de España y sin tener en cuenta el coste que suponía para esta entidad. La ruptura del SIP se penalizaba con una sanción económica, no precisamente baladí para una pequeña entidad financiera.

La Junta de Extremadura intentó una fusión entre la Rural de Extremadura y CajAlmendralejo, que participa en otro SIP, Solventia, con las rurales de Utrera, Baena, Cañete de las Torres, Adamuz y Nueva Carteya. La operación no llegó a buen puerto.

En mayo, el Gobierno extremeño aprobó un real decreto que modifica la Ley autonómica de Crédito Cooperativo, vigente desde 2001, que le otorga el poder de vetar una fusión o una integración de una cooperativa de crédito de la región con otra entidad financiera de fuera. La norma fue convalidada en el Parlamento autonómico gracias a los votos de Izquierda Unida.

 Polémico artículo 12

Lo que menos gusta al Ministerio de Economía es el artículo 12 de la nueva ley extremeña de cooperativas de crédito, que señala que en los supuestos de integración, fusión, escisión y transformación en un grupo cooperativo o bajo cualquier otra forma jurídica “será necesario un informe previo y favorable de la Consejería competente en materia de política financiera sobre la procedencia o no de integrarse, fusionarse, escindirse o transformarse de aquellas cooperativas de crédito sobre las que la Comunidad Autónoma de Extremadura tenga competencias”. La norma solamente afecta en la actualidad a dos entidades: la Rural de Extremadura y CajAlmendralejo.

El polémico artículo 12 agrava la situación al ordenar, en su segundo punto, que esa exigencia de informe previo y favorable de la Junta de Extremadura se aplicará también en el caso de “la cesión global del activo y del pasivo o de cesión del negocio financiero o parte de éste susceptible de funcionamiento autónomo de la cooperativa de crédito y al cambio del domicilio social” fuera de Extremadura.

La vicepresidenta, portavoz y consejera de Economía, Cristina Teniente, justificó esa reforma “urgente y necesaria” de la Ley de Cooperativas de Crédito para impedir “que intereses ajenos al pueblo extremeño” sean los que guíen esos procesos de integración, fusión o cesión de activos y pasivos, y de negocio financiero, y de cambios de domicilio social.

Competencia estatal

Pero el Ministerio de Economía precisa que la autorización en materia de fusiones, integraciones o cesiones de activos o del negocio financiero entre entidades financieras de distintas regiones es competencia estatal. Y que en estas operaciones también tiene que opinar el Banco de España.

De momento, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha acudido a la Comisión Bilateral Estado-Comunidades Autónomas, que es donde se dirimen las discrepancias entre las dos Administraciones.

En seis meses debe lograrse un acuerdo. Si no, la Ley extremeña de Cooperativas de Crédito será llevada al Tribunal Constitucional. El Gobierno pedirá que, cautelarmente, se suspenda la aplicación del polémico artículo 12.