Antes de alcanzar el grado de “accidentalista” (cambiachaquetas), anduvo Azorín haciendo unos reportajes sobre la situación social en Andalucia (hambre y enfermedades) y contó por escrito la opinión generalizada de los jornaleros sobre la justicia: “¿La justicia, dice usted? Eso es pa los ricos”. Mucho ha llovido, pero esa misma impresión pudo extraer el observador del debate en el pleno del Congreso de la proposición de ley de Izquierda Plural solicitando la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que contempla penas de hasta seis años de cárcel por “coacciones en grupo o de acuerdo con otros” a la libertad de los trabajadores. No es la primera vez ni será la última que la incriminación penal de los piquetes de huelga se debate en el Parlamento, habida cuenta de que el PSOE y el BNG tienen planteadas iniciativas similares.

Fue digno de ver a Gaspar Llamazares batiéndose el cobre (como siempre) contra el Gobierno por la “utilización artera”, según dijo, del criminal precepto. En el Reino de España todavía se puede pedir mayor pena, y de hecho se pide, por tirar una piedra y romper un cristal durante una huelga que por cometer homicidios por afán de lucro. No hay más que ver, atinó Llamazares, que para los procesados como responsables de la tragedia del Madrid-Arena pide el fiscal cuatro años de cárcel y para la dirigente de CCOO de Baleares, Katiana Vicens, reclama cuatro años y medio por romper de una pedrada el cristal de un autobús durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. En este caso, la acusación se basa en un informe policial que nada tiene que ver con los testimonios de los trabajadores que formaban el piquete.

El socialista Manuel de la Rocha aportó un argumento de carne y hueso: dos trabajadores de la UGT de hostelería, presentes en la tribuna de invitados, contra los que el fiscal pide siete años de cárcel. De la Rocha, igual que Llamazares y que Emilio Olabarría, del PNV, recordó que el precepto penal que permite meter a la cárcel a los trabajadores en huelga se mantuvo en el código de 1976, en el de 1995 y en la reforma de 2010, pero estaba inerme y no se aplicaba desde el final de la dictadura y además hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 1999 que ordena que no se aplique. Desde hace 35 años, en efecto, ningún trabajador había ido a la cárcel por coacciones durante las huelgas, pero llegó el PP de Mariano Rajoy a finales de 2011, promulgó la reforma laboral que abarató el despido, convirtió en papel mojado los convenios y precarizó todavía más el empleo, y activó la maquinaria de guerra con instrucciones precisas a la Fiscalía.

Contra la protesta social –incluidos los indignados del 15M, aquellos “perroflautas”, “yayoflautas” y “antisistema”–, Código Penal. Contra los patronos, que también coaccionan, y de qué modo, a los trabajadores y los amenazan con el despido si hacen huelga, ni un solo proceso judicial, ni una sanción. ¿Es o no es la justicia para los ricos? ¿Quién que no sea el Rey (emérito ya) puede afirmar con fundamento que es igual para todos? Los primeros en ingresar en prisión fueron dos trabajadores granadinos que participaron en los piquetes para cerrar los comercios durante la primera huelga general contra la reforma laboral de Rajoy. Pero en el Reino de España hay otros 265 procesados para los que la fiscalía pide 125 años de prisión, una situación única en la UE que añade mucho valor a la “marca España”.

Ese vil garrote penal del 315-3 contra los asalariados (el delito común de coacción ya figuar en el artículo 172) se estiende por toda la geografía, desde Andalucía –los jornaleros del SOC acumulan sanciones por 400.000 euros por ocupar fincas y obligar con sus acciones a las cadenas de supermercados a entregar los alimentos a punto de caducar a los que no tienen para comer–, hasta Galicia, y desde Deusto, pasando por La Rioja, hasta Madrid, donde el fiscal pide ocho años de cárcel para cada uno de los sindicalistas de Airbus por las acciones en defensa de sus puestos de trabajo.

El portavoz del PP, José Miguel Castillo Calvín, defendió la conservación del precepto penal anti-piquetes diciendo que venía de atrás y que los gobiernos de González y de Zapatero pudieron eliminarlo y no lo hicieron. A falta de mejores argumentos, la herencia vale para todo. Contaba Rafael Cansinos Asens que en la primera huelga de periodistas que hubo en Madrid, allá por la segunda década del XX, se presentó un piquete delante del periódico a “liberar” a Azorín y a otros redactores. Al grito de “¡Déjenles salir, sabemos que los tiene secuestrados!”, el patrón no tuvo más remedio que retirar sus amenazas, y la edición no salió. ¿Coacción en grupo o de acuerdo con otros? Según el mencionado Castillo, que compatibiliza su escaño con la actividad privada de Administrador Concursal, no hay ninguna duda de que aquellos piqueteros que coaccionaron con abuso de superiodad al editor y a los que querían trabajar, tenían que haber ido a la cárcel. Cosas de la herencia. En fín, se votó, se rechazó la derogación, y a rascarse.