La ministra de Empleo, Fátima Bañez, se ha adjudicado la salvación de 250.000 empleos gracias a los descuelgues de convenios, una medida potenciada por la reforma laboral. El mecanismo, que está siendo utilizado con profusión, es sencillo. Las plantillas se someten a una bajada general del salario. Y a cambio los empresarios conservan el empleo. De esta forma se reparte la carga. Y se evitan despidos, sí, aunque no tantos como asegura la ministra.

Báñez considera que los 250.000 trabajadores afectados por un descuelgue de su convenio colectivo hubieran sido despedidos de no mediar esta herramienta. Una afirmación, fuera de toda lógica, que la ministra lanzó este martes en el Senado, cuando fue interpelada por la oposición en un Pleno en el cual se criticaron sus políticas.

En su intervención, Báñez ‘confundió’ la cifra de trabajadores que se han visto afectados con la de hipotéticos despidos. Una situación imposible de conocer. Y que se produjo en medio del afán de la ministra por ‘vender’ los resultados de su reforma laboral.

Es muy improbable que todos los trabajadores afectados hubieran sido despedidos. Cuando el Gobierno flexibilizó estas inaplicaciones, se justificó la medida como un intento de evitar que las empresas recurrieron al despido como única medida de ajuste. Se dijo entonces que los empresarios podrían repartir la carga entre toda la plantilla y conservar así un número mayor de empleos.

Desde entonces, la iniciativa ha tenido bastante éxito y ha sido utilizada con frecuencia por los empresarios. Así, en dos años y medio, cerca de 250.000 trabajadores se han visto afectados. Un 90% han sufrido recortes salariales.

Esta y otras medidas han contribuido a incrementar la devaluación salarial, una caída que algunos cifran en un 9% en el período de 2011 a 2014, según las cifras que maneja el senador socialista Ricardo Jacinto Varela. Otras medidas, como el pacto de moderación salarial firmado por empresarios y sindicatos, así como la influencia del paro y el temor que ocasiona entre los trabajadores, obligándoles a aceptar más bajos salarios, han contribuido también a tirar hacia abajo de los salarios.

No solo los salarios

Sin embargo, la inaplicación del convenio colectivo no es asunto nuevo. Estaba ya recogido en la normativa laboral española. Aunque fue la reforma laboral de 2012 la que le dio un impulso definitivo. Hasta entonces muy difícil de aplicar, la nueva normativa flexibilizó su uso y amplió el número de materias que pueden ser modificadas mediante los descuelgues, no solo los salarios, sino también la jornada, el horario y la distribución del tiempo de trabajo y el régimen de turnos, entre otras cuestiones.

A través de un descuelgue, una empresa puede incumplir las condiciones pactadas en convenio alegando causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción. Si estas son económicas, basta con que el empresario demuestre una disminución persistente en los ingresos de la compañía, para poder acogerse a la medida. Y esta es una situación muy habitual en tiempos de crisis.

Menos descuelgues en 2014

Lo cierto, sin embargo, es que la mayor parte de los descuelgues actúan sobre la cuantía salarial. Un 91,45% de las inaplicaciones presentadas entre enero y septiembre se han descolgado de lo pactado en convenio en este aspecto, según los últimos datos del ministerio de Empleo para el período de enero a septiembre.

El pasado mes de septiembre se registraron un total de 76 inaplicaciones que afectan a 1.352 trabajadores. En el conjunto del año, las 1.703 inaplicaciones presentadas incumbieron a 54.489 personas.

Las grandes ya no se descuelgan

Sin embargo, este año el número de inaplicaciones está siendo muy inferior al del año pasado. En 2013, se presentaron algo más de 2.500 inaplicaciones que afectaron a cerca de 160.000 trabajadores; mientras que en 2012, el primer año de aplicación de la nueva normativa, el número de descuelgues rozó los 750, afectando a algo más de 29.000 trabajadores; si bien la estadística comenzó a contar a partir de marzo, cuando se aprobó el real decreto de reforma laboral. En 2014, hasta septiembre, las inaplicaciones afectan a 54.500 trabajadores.

Según los datos oficiales, un 97% de los descuelgues en 2014 fueron pactados. Sin embargo, los sindicatos tienen una visión muy distinta de esta cifra. Al inicio de la vigencia de esta medida, la mayoría de los trabajadores afectados trabajaban en grandes empresas. Sin embargo, en los últimos tiempos, los descuelgues se están trasladando sobre todo a empresas más pequeñas. Allí donde el poder sindical es más débil. Y donde el empresario ostenta una mayor fuerza para imponer sus condiciones, aunque luego la estadística las refleje como ‘pactadas’.

Así, el 70% de los equipos afectados en 2013 trabajaban en empresas con más de 250 trabajadores. Este año, la cifra ha caído hasta el 46%, lo que –según se ha dicho– despierta la preocupación sindical.

Las centrales consideran que las grandes empresas han terminado ya de hacer el ajuste en salarios por esta vía, y que, en este momento, son las pequeñas empresas las que están recurriendo al descuelgue. La ausencia sindical en estas empresas pequeñas facilita, dicen, el “abuso” empresarial.