La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de dos años y medio de cárcel para el expresidente de Caja Castilla-La Mancha y exdiputado del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega por un delito societario que habrían cometido al falsear las cuentas de la entidad.

El Ministerio Público, que no acusa a los dos exdirectivos del delito de administración desleal por el que el juez Pablo Ruz les investigaba, señala que tanto Hernández Moltó como Ortega llevaron a cabo «una maniobra contable» para que los estados financieros de la entidad «reflejaran beneficios en lugar de pérdidas».

Caja Castilla-La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que se aprobara un rescate que alcanzó los 9.000 millones de euros. El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros Ruz las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad.