El retraso de la salida a Bolsa de Aena que se debe, entre otras causas, a posibles problemas en relación con del auditor PricewaterHouse (PwC), no parece ser la mejor carta de presentación para la oferta pública de venta (OPV) que ultima el Gobierno. Además las informaciones, en algunos casos divergentes, sobre las causas de esa decisión no aportan claridad al proceso de venta del 28% del gestor de la red de aeropuertos.

Ante el interrogante surgido en relación a si la operación fue pospuesta por el Gobierno o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), todo apunta al Ejecutivo por las dudas aparecidas en el ICAC, dependiente del Ministerio de Economía, sobre la eventual incompatibilidad de PwC, al ser el auditor, al mismo tiempo, de Aena y de la due dilligence de la OPV. En esta línea el ministro de Economía, Luis de Guindos ha señalado que se trata «de un tema de procedimiento y no tiene nada que ver con la compatibilidad o incompatibilidad. Estoy seguro de que se resolverá en los próximos días».

De Guindos, que trabajó en PwC, quiere que el tema se soluciones con total transparencia, mientras Fomento quiere evitar retrasos en los procedimientos.

Si bien, las dudas sobre el auditor han debido aflorar a ultima hora, ya que el comité ejecutivo de la CNMV estaba convocado para el viernes para examinar y registrar el folleto de la salida a Bolsa, mientras que el consejo de la sociedad pública Enaire (que mantendrá el 51% del capital), y en el que están representados Fomento y Moncloa, en la persona de Alvaro Nadal, dio luz verde el jueves a la transacción.

Ahora el temor que existe es que, si es necesario cambiar al auditor por el posible conflicto de intereses – que ha quedado en manos del ICAC- la colocación se puede posponer a 2015, tema del que están avisando los colocadores. Pero además de este ‘problema técnico’, como ha sido calificado, otra posible causa del retraso es el temor a que la horquilla fijada para la venta -entre los 41,5 euros y los 53,5 euros por título- contenga precios demasiado elevados para que la venta del 28% entre inversores institucionales y privados cuente con una elevada demanda, y un fracaso es algo que el Ministerio de Economía quiere evitar.