El Gobierno modificará la última norma de reforma de la ley concursal. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha admitido hoy que, en su redacción actual, el texto genera “dudas” y ha anunciado que los cambios se introducirán durante la tramitación del real decreto 11/2014. Con estos cambios, el Ejecutivo espera contentar a los expertos que consideran que la norma está “mal redactado” y favorece a los grandes acreedores, y en particular a los bancos.

Catalá ha anunciado los cambios en el real decreto sobre medidas concursales en unas jornadas celebradas este lunes, organizadas por el ministerio de Economía y el de Justicia. En este marco han intervenido además diferentes expertos que han llamado al Gobierno a modificar el real decreto –muy criticado– durante el trámite parlamentario.

“Nos preocupa un legislador que redacta mal, que no es consciente de los efectos de las normas”, ha afirmado el vocal de la sección de derecho mercantil de la Comisión General de Codificación, Ángel José Rojo. En este sentido, Rojo ha ejemplificado estas carencias en los 40 folios redactados por un magistrado, llenos de dudas sobre la interpretación del real decreto ley. “El real decreto tiene que ser mejorado sensiblemente durante la tramitación parlamentaria”, ha concluido.

En concreto, Rojo se ha referido a algunos artículos como los que tratan de la ampliación de los créditos ordinarios. También ha lamentado la falta de claridad de la figura del acreedor financiero, así como el tratamiento del acreedor privilegiado. Finalmente, ha censurado en su opinión el “peaje” pagado, en su su opinión, por el Gobierno al ministerio de Empleo. Y ha pedido al Ejecutivo que “la próxima vez cuente, antes de redactar la norma, con las personas que de verdad se ocupan del derecho concursal”.

Los pequeños no cobrarán

Por su parte, el juez de lo mercantil de Madrid, Santiago Senent, ha lanzado también numerosas críticas contra el real decreto que modifica la ley concursal, y que finalmente se tramitará como proyecto de ley, un trámite durante el cual el Gobierno se ha mostrado dispuesto a introducir cambios.

En opinión de Senent, los continuos cambios en la ley concursal en los últimos cinco años han ido fortaleciendo la figura del acreedor público, en detrimento no solo del resto de deudores sino también de la continuidad de la empresa, y en contra, en este sentido, de las recomendaciones transmitidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Senent, que también ha destacado algunos aciertos en particular en el tratamiento de la fase preconcursal, ha criticado que la norma tenga poco que ver con la situación real de las empresas que llegan a concurso, de pequeño tamaño en la mayoría de casos.

Además, ha añadido que, con el real decreto del Gobierno, el pequeño acreedor o acreedor ordinario tiene pocas posibilidades de cobrar lo que se le adeuda. “Si antes tenía pocas posibilidades, ahora no tiene ninguna”, ha rematado el magistrado.

Será inútil sin dinero

Por otra parte, el juez Senent ha trazado un negro panorama sobre el estado de la Justicia en España, sin medios, lenta y con el personal y los jueces “absolutamente desmotivados”. En este marco, la reforma fracasará si antes no se dota a la Justicia de más medios materiales.

También ha pedido Senent desjudicializar algunos aspectos del proceso concursal que deberían quedar en manos del administrador concursal o de las partes, liberando de trabajo a los jueces.

Por su parte, el socio de Garrigues y experto en reestructuraciones empresariales, Antonio Fernández, ha enmarcado la actual reforma dentro del movimiento que se está imprimiendo a la legislación sobre concursos desde la posición clásica de proteger a los deudores hasta la actual de conservar la actividad de las empresas. “Se trata de una profunda transformación del derecho concursal”, ha recalcado.

En cuanto a la actual legislación, y en concreto sobre la que regula la fase de preconcurso, el abogado echa en falta que la ley se ocupe también de arreglar el problema operativo de las empresas que suspenden pagos, y no solo de la parte financiera.

Una reforma precipitada por la crisis

Fernández ha defendido también las prisas del Gobierno por aprobar la abundante legislación en la materia durante la crisis que se ha aprobado en los últimos tiempos. En contra de la opinión de sus compañeros de mesa, el abogado cree que el Gobierno “acertó” al aprobar rápidamente estas normas, que han contribuido a salvar muchas empresas, ha dicho. Aun así, Fernández ha llamado a aprovechar la tramitación parlamentaria de la norma para corregir sus fallos, mediante una “sistematización” de las diferentes normas.

Por su parte, el administrador concursal en Madrid y Barcelona, Francisco Vera, ha reconocido que, con la legislación actual, la figura del administrador concursal “no aporta valor” a las empresas en concurso.

Vera ha criticado un real decreto cortado a la medida de los acreedores potentes, especialmente los financieros, según ha dicho. Y que olvida a las pequeñas empresas a pesar de que, en la actualidad, el 85% de las empresas que llegan al concurso lo hacen con menos de 2 millones de pasivo.

“El legislador ha hecho una ley para los concursos muy mediáticos; no para las pymes y micropymes”, ha sentenciado. “Las pequeñas empresas llegan al concurso exhaustas, a veces con los bienes personales del empresario como garantía, y a esos, el administrador consursal no les aporta ningún valor; solo supone un gasto”, ha ilustrado, antes de llamar al legislador a definir qué tipo de administrador concursal quiere.

Aunque existen 45.000 profesionales acreditados para realizar la actividad de administrador concursal en España, apenas 650 profesionales han administrado al menos 5 concursos en los últimos siete años. “¿Es éste el sistema que necesitamos”, se ha preguntado.

Nuevo estatuto de administrador concursal

En este sentido, el ministro, Rafael Catalá, ha añadido que el Gobierno depurará la lista de profesionales acreditados para ejercer de administradores concursales. También se desarrollará un nuevo estatuto del administrador concursal.

El ministro ha admitido que la aplicación de la ley genera “dudas” y que requiere los “ajustes necesarios” que se llevarán a cabo durante el trámite parlamentario, ajustándose a los cambios exigidos antes de 2015 por la Comisión Europea (CE) y a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En sus consejos, el FMI pedía a España actuar sobre tres campos concretos; por un lado, los problemas de ámbito estructural y en concreto los privilegios de los acreedores con garantía real frente al resto, que carecían de incentivos para declarar la insolvencia, teniendo en su mano el camino más corto de la ejecución de las hipotecas, según ha detallado el ministro.

Por otro lado, el organismo internacional recomendó a España que agilizara y flexibilizara el procedimiento de concurso, así como mejorar la figura del administrador concursal.