Ha entrado en vigor el decreto de la Generalitat que establece la inspección técnica obligatoria para verificar el deber de los propietarios de mantener el local en condiciones. Ello afecta a los edificios que tengan una antigüedad superior a los 45 años. La verificación del estado de los edificios la realizará un técnico competente (arquitecto, aparejador o ingeniero) que comprobará visulamente el estado de conservación del edificio y propondrá las reparaciones pertinentes.

El objetivo de esta normativa es evitar situaciones de riesgo, orientar a los usuarios para que reparen las deficiencias de los edificios, promover la cultura de conservación de los inmuebles, evitar la degradación del parque de viviendas y dotar a la administración de un retrato real de la situación de las viviendas catalanas. Expedirán un certificado de “apto” o “no apto” en su informe. En este último caso habrán de comunicar las deficiencias tanto a la propiedad como a su ayuntamiento y, si el deterioro representa un peligro grave para sus habitantes, “se adoptarán, con carácter inmediato, las medidas de seguridad correspondientes”. El certificado de aptitud tiene una vigencia de diez años, tras los cuales el edificio tendrá que pasar otra inspección.

En la normativa la Generalitat ha fijado un calendario para las inspecciones, siendo los primeros afectados los edificios construidos con anterioridad al 1930, que habrán de pasar esta revisión antes de que finalice el 2012.

Esta normativa afecta a 157.307 edificios, de los cuales 27.145 fueron construidos antes del 1900, dieciséis mil de los cuales están en la provincia de Barcelona.