La canciller alemana, finalmente, se saldrá con la suya, aunque el presidente del Consejo de Europa, Herman Van Rompy, ha asumido sus condiciones, aunque suavizándolas. De esta forma, la Unión Europea ha asumido la exigencia de contención salarial que abandera la canciller alemana, Angela Merkel, a cambio de reforzar el fondo de rescate de 750.000 millones de euros para los países con problemas de deuda. El presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha presentado este lunes a los Veintisiete un borrador de Pacto de Competitividad que recoge todas las peticiones alemanas aunque de forma suavizada, ya que por ejemplo se permitirá vincular la subida salarial, además de a la productividad, a la inflación.

Pese a que las propuestas de Merkel chocaron con la resistencia de la mayoría de Estados miembros en la cumbre del 4 de febrero, la versión suavizada del Pacto ha sido «bien recibida» por los representantes de la UE, informaron fuentes europeas. El borrador será debatido de nuevo el 8 de marzo y se aprobará en la cumbre de líderes de la eurozona del 11 de marzo. A partir de ahí, los países de la eurozona tendrán un plazo máximo de doce meses para aprobar algunas de las medidas del Pacto. Está previsto que el Ejecutivo comunitario presentará una propuesta legislativa el 16 de marzo.

En material salarial, el Pacto reclama a los Gobiernos iniciativas para que las retribuciones estén más vinculadas a la productividad. No se prohíbe ligar los salarios a la evolución de la inflación, como queríaMerkel, pero sí se reclama «mejorar los mecanismos de indexación», así como descentralizar los procedimientos de negociación colectiva, según el documento de Van Rompuy. La UE exigirá además contención salarial en el sector público para que sirva de ejemplo al resto de sectores económicos. En esta cuestión España ya ha tomado la delantera, ante el recorte de los salarios públicos realizado.

Precisamente, el Gobierno español ha explicado sobre la cuestión de la indexación que, en nuestro caso, debe abordarse en la negociación abierta entre patronal y sindicatos. También ha sugerido que se dé más importante a lograr la flexibilidad cuando se pacten los salarios que eliminar las cláusulas de garantía salarial (para no perder poder adquisitivo). Este mismo fin de semana, el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, arremetía contra la propuesta de Merkel de vincular los salarios sólo a la inflación, recordando la moderación salarial que ha imperado desde hace años en España, incluso cuando no había crisis económica.

El Gobierno ha dado a empresarios y sindicatos plazo hasta marzo para reformar la estructura de la negociación colectiva, ya que la moderación salarial, incluso la pérdida de poder adquisitivo está admitida por empresarios y sindicatos en el pacto cerrado entre ambos el pasado 2010, cuya vigencia era de tres años, hasta 2012, año en que se esperaba se hubiera superado la crisis económica.

Edad de jubilación

Otra de las exigecias de Alemania se centra en retrasar la edad jubilación, una medida que ya han adoptado países como Francia o España, y que Merkel ha conseguido incluir en el borrador del nuevo Pacto de Competitividad, si bien no con el mismo ímpetu, dado que Van Rompuy ha optado por la vía intermedia, diluyendo la propuesta germana y recomendando que la edad se fije en función de la esperanza de vida. Lo que sí se quiere eliminar de todas las normas laborales europeas son las prejubilaciones.

Déficit y deuda, con límites

Por lo que respecta a los dos indicatores que siempre había fijado la Comisión, el déficit y la deuda públicos, también el futuro borrador incluirá que dichos límites se fijen jurídicamente. No obstante, no se precisa si basta que se fijen por Ley o se incluyan en la Constitución de cada país, tal y como ha reclamado la canciller alemana. En el borrador sí que se resalta como ejemplo el mecanismo que utiliza Alemania para frenar su deuda.

Merkel también reclamaba un mecanismo para solucionar las crisis bancarias y mejorar el reconocimiento de títulos universitarios. Van Rompuy ha recogido también estas exigencias, si bien como todo lo que sucede en la legislación comunitaria queda suavizado, y así en el reconocimiento de títulos se explica que se debe mejorar la inversión en educación.

El borrador del Pacto de Competitividad, por otro lado, mantiene la armonización de la base imponible del Impuesto de Sociedades, una medida a la que se opone Irlanda, país que mantiene uno de los tipos más bajos (12,5%) de este tributo dentro de la UE para atraer la inversión de las empresas.

Otras exigencias

Pero el Pacto también pretende incorporar otras medidas que no tienen nada que ver con los planteamientos alemanes. Por ejemplo, la exigencia de que los Estados miembros realicen reformas laborales que faciliten al mercado de trabajo una mayor flexibilidad. También se incluirán medidas concretas para luchar contra el trabajo sumergido.

Para favorecer la creacón de puestos de trabajo, la Comisión propone a los Estados rebajar la carga fiscal aplicada sobre el trabajo, una pérdida de ingresos que se compensaría con el incremento de los impuestos indirectos, o incluso el IVA. Al tratarse de un borrador no se expliqué qué podrán hacer los gobiernos que ya hayan adoptado algunas de estas medidas.

En el borrador también se contiene una fuerte apuesta por mejorar la competitividad, por lo que entre otras medias, se propugna elminar las restricciones a los servicios profesionales o  eliminar las «limitaciones desproporcionadas» a los comercios en materia de horarios o de establecimiento. También se deberán adoptar medidas para reducir la burocracia en los procesos judiciales en materia comercial y recortar a la mitad el tiempo que se tarda en dictar sentencia.

Cada país de la eurozona deberá elegir «medidas políticas concretas» de este catálogo y comprometerse a aplicarlas en un plazo máximo de 12 meses. La Comisión, que temía quedarse marginada en este Pacto, tendrá como tarea evaluar que efectivamente estas iniciativas se incluyan en los planes nacionales de reformas que los Gobiernos deben presentar en abril. Los países de fuera de la eurozona tendrán libertad para sumarse o no al Pacto de Competitividad.