Los sindicatos CCOO y UGT, junto con el grupo parlamentario Izquieda Plural, han demandado al Gobierno que apruebe la prestación dirigida a los parados de larga duración que ya no tienen ningún tipo de ingreso, que se comprometió a aprobar a lo largo de octubre en una reunión con los agentes sociales.

Así, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha recordado que el plazo ya se ha cumplido, pero ha mostrado su confianza en que “la situación pueda reconducirse”.

“Para ello se necesitan medidas concretas que incluyan un plan de recuperación del empleo con financiación suficiente, tanto en políticas activas de orientación como en la creación de una prestación económica”, ha expresado Bravo en declaraciones a los medios después de reunirse con Izquierda Plural en el Congreso.

Además, Bravo ha señalado que los efectos de estas medidas se tienen que aplicar con efectos desde el 1 de noviembre. “Es una exigencia que planteamos con independencia de que en los próximos días deberían producirse resultados”, ha indicado.

Por su parte, Ferrer ha apuntado que, aunque se está trabajando en este aspecto en una fase avanzada, “aún se expresan diferencias”. “Para UGT, lo fundamental es que los parados de larga duración, seis de cada diez, tengan oportunidades de empleo”.

Las ayudas a los parados de larga duración con cargas familiares fue uno de los compromisos cerrados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una reunión el pasado mes de julio con los agentes sociales. En esa cita, a la que acudieron los máximos responsables patronales y sindicales, se acordaron además otras medidas como un plan contra el abuso de la contratación temporal, así como la reforma del sistema de formación profesional, y otros cambios en el sistema de intermediación laboral, antes en manos exclusivamente de los servicios públicos de empleo (SEPE).

Las grandes empresas piden más reformas

Por su parte, el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), que reúne a las grandes empresas, reclamó este lunes al Gobierno que apruebe nuevas medidas a fin de dinamizar la creación de empleo. Con estas medidas, los grandes empresarios creen que se podría reducir la tasa de paro en 13,3 puntos, desde el 23,67% actual, hasta el 10,4%, en el año 2018.

Los empresarios proponen por un lado diversas medidas en diferentes ámbitos económicos para crear 2,3 millones de empleos; lo que equivale a bajar la tasa de paro en diez puntos, hasta el 14,3%.

Por otro, las grandes empresas instan al Gobierno a atajar el fraude laboral, una medida que permitiría aflorar unos 800.000 empleos adicionales, lo que permitiría reducir la tasa de paro en 3,6 puntos más.

En concreto y para generar nuevo empleo, el CEC propone actuar en ocho bloques con reformas “exigentes, pero posibles” que van desde el aumento del tamaño de la empresa hasta la aceleración de la economía del conocimiento.

Además, apuestan por mejorar el marco institucional para aumentar el tamaño empresarial e impulsar así el empleo y la productividad.