Los sindicatos han planteado al Gobierno que la ayuda a parados de larga duración sin ingresos y con cargas familiares alcance entre el 80% y el 90% del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), esto es, entre 430 y 480 euros mensuales, según ha explicado este miércoles el secretario general de UGT, Cándido Méndez.

El dirigente sindical, en declaraciones a TVE, ha señalado que el compromiso adquirido con el Gobierno es que esta prestación, «acabe cuando acabe la negociación», tenga efectos desde el 1 de noviembre.

«Eso nos da margen para hacer una negociación profunda», ha añadido posteriormente durante la apertura de las jornadas confederales de ‘Acción Sindical y negociación colectiva para 2015’.

Méndez ha concretado que los sindicatos han pedido al Ejecutivo que esta ayuda se centre en los parados que llevan dos o más años sin empleo y hayan agotado sus prestaciones. Además, ha planteado que esta nueva ayuda podría tener un límite temporal, de forma que deje de actuar cuando la tasa de cobertura se sitúe en niveles previos a la crisis, lo que supondría incrementarla en aproximadamente 10 puntos porcentuales, hasta el entorno del 70%.

«Una vez tengamos identificada y consensuada esa cifra (de beneficiarios), creo que como mínimo habría que aumentar su cobertura en 10 puntos», ha precisado. El líder de UGT ha estimado de entrada que hay más de 1,9 millones de parados que llevan dos años o más en el desempleo y que algo más de la mitad no cobran ninguna prestación.

Y además formación para el empleo

Por otro lado, Méndez ha dicho compartir el planteamiento expresado por el Gobierno de que es preciso «encajar» esta nueva prestación por desempleo, con compromisos de activación y una mejora de la formación de los beneficiarios, ya que en la mayoría de los casos tienen escasa cualificación. Según ha dicho, más allá de la ayuda la prioridad es que estos trabajadores encuentren un empleo.

En cuanto a las propuestas del Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC) para crear 2,3 millones de nuevos empleos, Méndez ha afirmado que no comparte muchas cosas de las planteadas por las grandes empresas, pero ha celebrado que «por lo menos hayan saltado del binomio de la austeridad y las reformas estructurales» a otros temas, como la educación, la energía o la I+D+i. «Puede ser una especie de piedra tirada al estanque del debate sobre el empleo en España», ha opinado sobre las ideas del CEC.

En todo caso y en relación con la economía sumergida, ha subrayado que hay alguna propuesta del Consejo Empresarial «que no suena mal», como la de implementar una estrategia a medio plazo para incentivar el afloramiento de empleos irregulares. Aún así, ha considerado que los empresarios tienen mucho que decir en este tema porque la economía sumergida, «en el 99% de los casos», es inducida por un empresario que utiliza de manera ilegal a los trabajadores.