Conforme a lo establecido para estos casos, el empresario seguirá conservando las facultades de administración y de disposición de su patrimonio, pero sometidas a la intervención de la administración concursal.

A partir de ahora, se inicia un procedimiento para que los acreedores puedan poner en conocimiento de la administración concursal la existencia de los créditos contraídos por el deudor.

En este caso, la sociedad que asumirá el papel de administrador concursal será la misma que se designó para el Grupo Arturo Cantoblanco, también propiedad de Arturo Fernández y cuyo concurso de acreedores se publicó la semana pasada.

Fernández ha anunciado que dejará CEIM una vez complete la modificación de los estatutos antes de convocar elecciones anticipadas en la organización, a las que no se presentará.

Su decisión de desvincularse de la patronal madrileña se produjo después de que su nombre apareciese entre los consejeros de Caja Madrid que habían utilizado las tarjetas ‘B’ de la entidad, en su caso con un gasto de 37.000 euros.

El empresario ha anunciado además que seguirá en la Presidencia de la Cámara de Comercio de Madrid y en el Comité Ejecutivo de Ifema mientras nadie le culpe de haber cometido una ilegalidad.

Arturo Cantoblanco

En el caso de la sociedad Grupo Arturo Cantoblanco, el juzgado ha concedido el plazo de un mes para que los acreedores pongan en conocimiento la existencia de créditos.

La misma instancia, conforme al régimen de «concursos conexos», analiza el concurso de esta empresa junto al de Grupo Cantoblanco Catering Service, filial del Grupo Arturo.

El Grupo Arturo Cantoblanco había decidido el pasado mes de junio acogerse al artículo 5 bis de la Ley Concursal, solicitando así el preconcurso de acreedores, e iniciar un proceso de reestructuración con el fin de «garantizar el futuro de su proyecto empresarial», según informó en ese momento.