El informe del Tribunal de Cuentas sobre los cursos de formación ha provocado la ira de los sindicatos. Comisiones Obreras (CCOO) acusó hoy al Tribunal de “mentir” en su nota sobre el informe de fiscalización, cuyo contenido completo se desconoce aún. En la misma línea, UGT denunció la “indefensión” de su organización y del resto de beneficiarios de las ayudas. Y es que el Tribunal ha publicado sus críticas sin trasladar previamente a los interesados el informe en su totalidad.

Para Comisiones, la nota del Tribunal de Cuentas no menciona “ninguna incidencia o incumplimiento de CCOO”. Aun así, el sindicato critica que el Tribunal haya obviado comunicar a empresarios y sindicatos los resultados de su informe. En la misma línea, UGT denunció ayer martes la “indefensión” que le produce la publicación de la nota sin que se haya dado a conocer antes el informe de fiscalización completo.

En una nota muy dura, CCOO acusa al Tribunal de Cuentas de “mentir” en el contenido de un informe “tendencioso” que tiene por finalidad “deteriorar” la imagen del subsistema de formación para el empleo y apoyar la “tesis más privatizadoras” del Gobierno, afirma la central.

El sindicato critica que el Tribunal de Cuentas haga pública su nota sobre el sistema de formación profesional antes de que las instituciones organizadoras de los cursos en la modalidad de oferta tengan conocimiento del informe de fiscalización. “Es como poco inusual”, apuntan.

CCOO tilda la nota de “tendenciosa” al afirmar que la práctica de los organizadores de los cursos de la Fundación Tripartita –en la que participan patronal y sindicatos– es “desviar a empresas especializadas la gestión de los fondos”, para referirse a la “simple contratación del proveedor de un cursos de formación”.

Máximo subcontratable

También rechazan la acusación de “menoscabo de caudales públicos” por parte del Tribunal ya que, afirman, quien recibe una financiación para la formación “no tiene obligación de obtener rendimientos financieros de la misma”.

Por otra parte, CCOO acusa al Tribunal de Cuentas de “mentir” cuando este organismo acusa a los organizadores de incumplir la ley por superar el listón del 50% de la cuantía de las ayudas destinadas a subcontrataciones. “La ley de subvenciones lo permite”, argumentan. Y la Orden de Bases que regula la formación de oferta recoge la entidad beneficiaria podrá subcontratar parcial o totalmente, por una sola vez, la realización de la actividad formativa, sostienen. “Es mentir y ellos lo saben”.

Finalmente, el sindicato también acusa al Tribunal de confundir el importe máximo subvencionable con la subvención concedida, así como de “arrogarse” la capacidad de interpretar las necesidades formativas de las empresas. También rechazan que no existan modelos de evaluación y control de los resultados de los cursos. Y defienden su modelo de cómputo y de control horario, aunque no le guste al Tribunal.

UGT: Subcontratar no es desviar fondos

Por su parte, UGT dice sentirse en una situación de «absoluta indefensión e inseguridad» después de que el Tribunal de Cuentas haya dado a conocer de forma solo parcial el informe de Fiscalización sobre la gestión de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

El informe, en el que se aborda el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta 2010, se presenta «a través de un comunicado», sin que se haya remitido su contenido a las entidades «interesadas en el mismo» ni se facilitase por ningún medio el acceso a su contenido, afirma el sindicato.

UGT se pronunciará acerca del informe «una vez lo conozca en su totalidad», ya que con la información ofrecida no puede «entender» algunas afirmaciones del Tribunal de Cuentas, entre ellas las que aluden a la «vulneración de los principios de transparencia y concurrencia» o a la «excesiva y, en ocasiones, injustificada subcontratación».

UGT también considera que «debe quedar claro que subcontratar no es desviar fondos». El 75,6% de los 300 convenios formalizados que superaron el 50% de subcontratación «lo hicieron conforme a la legislación de aplicación», ya que «la orden de bases que regulaba las convocatorias permitía incluso la subcontratación de la totalidad de la subvención», afirma.