Un millar de trabajadores espera la solución del juicio que se inicia hoy en la Audiencia Nacional. Su empresa, Tranportes Buytrago, les despidió en febrero. Desde entonces, están sin cobrar. El sindicato CCOO, que pide la nulidad del despido, acusa a los propietarios del ‘holding’ de vaciar la empresa, en perjuicio de los trabajadores.

La peripecia de los trabajadores de Tranportes Buytrago comienza el pasado mes de febrero, cuando la empresa, de forma “sorpresiva”, deja de servir a sus clientes. Desde entonces, según relatan desde CCOO, los trabajadores no cobran. Tampoco han percibido indemnización por despido.

“Apenas quedó tiempo para que los trabajadores sacaran sus cosas de sus taquillas”, afirman desde el sindicato. En menos de una semana, la empresa pasó de funcionar con normalidad a dejar vacías sus naves.

Un vaivén de acontecimientos que sacude a proveedores y trabajadores desde aquel jueves 6 de marzo. En primer lugar, afirman desde el sindicato, la empresa les propuso un descuelgue salarial. Poco después les comunica que se ha quedado sin clientes. Finalmente, y después de solicitar la entrada en concurso de acreedores presenta un ERE de extinción –un despido colectivo– que afecta a casi el 100% de la plantilla.

Un pocos sin embargo han esquivado el despido. Se trata de un grupo de 40 personas, parientes en su mayoría de la familia dueña del ‘holding’ Buytrago, que siguen dados de alta. Continúan gestionando la compañía “a su antojo”, cerrando incluso créditos, según denuncian desde el sindicato. “A pesar de encontrarse en liquidación, nadie les ha quitado esa facultad”, apuntan.

Un preconcurso para ganar tiempo

CCOO acusa a los dueños de Transportes Buytrago de utilizar de forma torticera la figura del preconcurso de acreedores. “En nada buscaban su viabilidad, que es el principal objetivo de esta figura jurídica, sino poner en orden las entrañas de la empresa”, destacan.

Desde la entrada en preconcurso, la ley prevé un plazo máximo de 4 meses en esta situación. Sin embargo, los dueños lograron extender esta situación a un quinto mes, al solicitar la entrada en concurso en pleno mes de agosto, un mes inhábil para la Justicia.

Los propietarios de la empresa lograron aplazar el juicio fijado para septiembre. Y que se ha trasladado a mañana miércoles, cuando la Audiencia Nacional juzga finalmente el caso.

El sindicato confía en que sus 1.000 trabajadores puedan cobrar lo que les corresponde. Otra solución no hay puesto que “no hay empresa a la que volver”, concluyen.