Ahora que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, se ha visto arrastrado por la oposición y la cruda realidad a aceptar el debate sobre el segundo problema que más preocupa a los ciudadanos cual es la corrupción, quizá sea el momento de apostar dos contra uno a que ninguna medida legislativa de cuantas van a anunciar el jueves en el pleno del Congreso será efectiva ni tendrá una traducción real. El argumento del debate son dos proyectos de ley más congelados que los langostinos de Pescanova, desde febrero pasado. El primero refuerza el control del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los partidos políticos, prohibe las donaciones de las empresas y las transferencias desde sus diversas y curiosas fundaciones. Algunas de ellas han sido un vehículo de operaciones delictivas inconfesables, incluido el blanqueo de dinero público robado a todos los españoles.

A primera vista esa norma parece estupenda. Pero si pasamos de la teoría a la práctica, ¿alguien se puede creer que los contables que el Tribunal de Cuentas enviará a los partidos políticos no van a ser del agrado y elección de éstos, máxime cuando el órgano se lo reparten a pachas unos señores y señoras con unos sueldos superiores al del jefe del Gobierno colocados ahí por el PP el PSOE y CiU? Podrán decir misa en latín, pero no dan confianza. Lo único real es que ante la previsión de que la nueva ley entre en vigor el año que viene y dificulte e incluso erradique las cajas B, el Presupuesto de 2015 duplica la financiación ordinaria de los partidos políticos, que superara la cantidad de 150 millones de euros.

La segunda norma trata de poner las peras a cuarto a los cargos públicos de la Administración General del Estado (AGE), como si las demás administraciones, en las que más abunda la corrupción, no existiran. Por si fuera poco van a crear antes del 6 de dciembre un Consejo de la Transparencia con una alta funcionaria ya designada por el Gobierno y la incorporación de un diputado y un senador del PP y de otros representantes insttucionales como la Agencia de Protección de Datos y el mencionado Tribunal de Cuentas del Reino. Ese Consejo aparece como la guinda de la famosa ley de transparencia y esa ley obliga a los ministros y altos cargos a publicar sus bienes en el BOE.

Solo que la medida no es nueva: esa obligación ya la implantó Zapatero. Y por cierto, con tanto éxito que su ministra y vicepresidenta económica Elena Salgado mintió por omisión, pues se olvidó de declarar un palacete que poseía en la Costa Azul francesa. La única diferencia es que ahora no se cumple. Sólo los altos cargos nombrados después del verano –el ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, entre ellos– se han visto sometidos a la nueva norma, una ley con tantas barrras y excepciones al derecho de acceso a la información que por eso, para resolver los conflictos y oscurecer el cuadro, han nombrado un juez y parte, ese Consejo. Podrán decir misa en arameo, pero no convencen.

Si vamos a la realidad judicial ante los casos de corrupción que estallan cada día como si fueran huevos podridos no hay más que contrastar los diez años de diligencias judiciales al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, hasta dictar su condena, para hacerse idea de lo que todavía puede tardar en resolverse el sumario de los EREs fraudulentos en Andalucía, el de la operación Púnica, el caso Gurtel, Bárcenas y tantos más de criminal enriquecimiento personal a costa del erario público. La voluntad de hacer justicia y de que los ladrones devuelvan lo que han robado es tal que con una hojeada al presupuesto del aparato judicial –1.475,5 millones de euros en 2015, un 12,3% menos que en 2011– queda clara la determinación política de juzgar con razonable prontitud a los responsables políticos pillados en casos de corrupción.

Podrán decir misa en tagalo, pero ni persuaden ni disuaden ni convencen. Cuando a los tribunales de justicia y a la fiscalía les recortan 164 millones de euros y hasta la asociación de Jueces para la Democracia se querella contra el Gobierno en la Audiencia Nacional por presunta prevaricación objetiva o voluntad manifiesta de impedir la eficacia de la justicia, la propaganda no engaña a nadie. Y en esa propaganda falaz cabe incluir el último anuncio del Consejo de Ministros de 282 plazas judiciales, ligándolas a la lucha contra la corrupción, cuando se sabe que no es verdad, que son jueces que ya estan en los órganos jurisdiccionales, aunque sin destino fijo.

Es probable que del debate del jueves salga el compromiso de los dirigentes de los dos grandes partidos de rebajar la alarma y el escándalo social por estrictos motivos electorales y porque no queda bonito para la marca España que la Asociación Transparencia Internacional sitúe al Estado español dentro de los ocho más corruptos de los 107 que ha analizado. Pero ninguna medida efectiva de cuantas expusieron los expertos antes del verano en la Comisión Constitucional del Congreso, va a ser considerada.

Alguna de esas medidas es tan sencilla y carente de coste alguno como devolver el carácter obligatorio y vinculante a los informes de los interventores municipales. ¿Cuántas contratas, gastos, subvenciones, recalificaciones y licencias rociadas de corrupción se habrían evitado? ¿Cuál habría sido el ahorro de la probidad? Otra medida elemental consiste en dejar de vulnerar el espiritu de la Constitución con indultos del Ejecutivo a los miembros de los poderes ejecutivos ejecutivos locales, provinciales y autonómicos. Otra es tan sencilla como la tipificación penal del “enriquecimiento ilícito”, aunque siempre habrá personajes como el mencionado Fabra a los que les toque cuatro veces el gordo de la lotería y nunca faltarán testaferros del botín hasta que prescriba el delito.

Días atrás decia Sabino Cuadra que siendo el motor de esta sociedad el ánimo de lucro, la competencia y el individualismo, que no el bien común ni la solidaridad, parece lógico que el fraude y las meteduras de mano sean el deporte nacional en las altas esferas. La democracia formal, hueca, sin controles ni castigos efectivos, facilita la corrupción estructural, sistémica, y lo que es peor, la perpetúa con barreras formales y legales al conocimiento de los datos y a la participación de los ciudadanos. Dirán misa en sánscrito y harán más leyes para salir del paso, como si no supiéramos que los países más corruptos suelen ser los que más leyes tienen.