El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado dirigirse a Mapfre para preguntar si el seguro que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa tenía con la aseguradora puede cubrir la fianza de responsabilidad civil de 16 millones de euros que le impuso por el escándalo de las tarjetas ‘opacas’, en el que figuran como imputados éste y su sucesor, Rodrigo Rato.
Andreu rechaza el recurso presentado por la defensa de Blesa y le aclara que «deberá ser él quien reclame» el cumplimiento de este seguro, por valor de 15 millones de euros, pues el juzgado no tiene la condición de perjudicado en la causa, que en todo caso correspondería a Bankia como «sucesora de Caja Madrid». «No se debe confundir en este punto la posición de la compañía asegurando la responsabilidad civil profesional mediante un seguro voluntario como es el que nos ocupa, con la situación que se crea a través de un seguro obligatorio”, argumenta el juez en su resolución.
También recuerda que la doctrina jurisprudencial «exige, al menos, que sea oída la compañía de seguros en lo relativo a su afianzamiento y, por supuesto, que se haya producido una pretensión indemnizatoria expresa respecto de la aseguradora por parte de los perjudicados».
Proceso de embargo
La Unidad de Policía Judicial investiga por orden del magistrado si el expresidente de Caja Madrid tiene participación en sociedades y dispone de cuentas en el extranjero con objeto de ampliar el embargo de sus bienes.
Blesa aportó el 30 de octubre como únicos bienes una póliza de seguros por valor de 15 millones de euros suscrita con la compañía Mapfre durante su etapa como presidente de la entidad entre 1996 y enero de 2010, y su casa familiar en Madrid.
Tras recibir esta información, que Blesa facilitó a la secretaria judicial del Juzgado Central de Instrucción número 4 durante una comparecencia que se produjo en su domicilio, el Juzgado inició los trámites para determinar el patrimonio real del exbanquero, que está imputado por un delito continuado de administración desleal.
El juez ordenó el embargo de las viviendas, coches y cuentas de las que dispone Blesa en España y que fueron localizadas tras estas averiguaciones, después de que venciera el plazo de tres días que dio a Blesa.
Blesa intentó sin éxito que Mapfre, aseguradora de Caja Madrid, se hiciera cargo del aval y no presentó ninguno alternativo durante el plazo que tenía para ello.
El juez sostiene que Blesa y Rato han «consentido, aceptado y propiciado» el uso de las tarjetas ‘opacas’, que supusieron un coste de 12,5 millones de euros durante el mandato del primero y de 2,6 millones durante la etapa del que fuera vicepresidente de Economía con los Gobiernos de Aznar.
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