La primera semana de marzo, como cada primera semana de mes, ha registrado una actividad parlamentaria mínima. Pero no han faltado las diatribas a cuenta de la decisión del Gobierno de reducir la velocidad máxima a 110 kilómetros-hora y de otras medidas adicionales para ahorrar combustible y reducir la factura del petróleo. Los gobiernos autonómicos de Madrid y Cataluña se niegan a reducir un 5% las tarifas de los trenes de cercanías y demás transportes públicos. Las refinerías petroleras destacan las dificultades para aumentar el porcentaje de biodiesel del 5,9 al 7% en la gasolina y el gasóleo que consumimos para ahorrar crudo por esa vía. Y la reducción de la velocidad sólo permitirá ahorrar 18 millones de barriles en un año, lo que supone 1.400 millones de euros según los cálculos del Gobierno.

Si tenemos en cuenta que España consume 600 millones de barriles de petróleo al año y que una subida de 10 euros del precio del barril representa un aumento de la factura estimado en 6.000 millones de euros, es decir, cuatro veces y media la cantidad que se pretende ahorrar con la polémica reducción de la velocidad, no hay duda del alcance mínimo de la decisión que el Ejecutivo quiere implantar el próximo lunes. La polémica política está siendo más ruidosa que la realidad. Y la cruda realidad es que desde hace dos años, cuando el presidente Rodríguez Zapatero anunció la reducción de la dependencia del petróleo con iniciativas como el plan de ahorro energético y transformación de las instalaciones de 3.000 edificios públicos a cargo de las empresas de suministros energéticos (ESEs), hasta el día de hoy, nada se ha hecho.

La cruda realidad no sólo golpea a la economía española con una escalada del precio del barril que ha pasado de 60 euros de media en 2010 a 110 al día de hoy, lo que supone un aumento de pagos al exterior de 30.000 millones de euros –cifra equivalente a la factura del desempleo este año–, sino también con la escasez derivada del cierre del grifo de Repsol en Libia, de donde llegaba el 13% del petróleo que consumíamos, es decir, 78 millones de barriles. La reducción de la velocidad y las demás medidas sólo representan un 3% de ahorro y no alcanzan a suplir la falta de suministro de Libia.

En medio de la polémica, el Grupo Parlamentario Socialista ha tenido una buena idea. Ha presentado una proposición no de ley instando al Gobierno a que promueva una campaña a través del Instituto Nacional del Consumo y con la colaboración del Consejo de Consumidores para que los pensionistas con pensiones mínimas, las familias numerosas,  los hogares con todos sus miembros en paro y los clientes con una potencia contratada inferior a 3 kilowatios soliciten el “bono social” para que no les suban la luz hasta 2013.