Si el festejo oficial del 36 cumpleaños de la Constitución fue mortecino y aburrido, con ausencia de notables y famosos de la sociedad civil, de nacionalistas y de representantes a la izquierda del PSOE –Mariano Rajoy aprovechó para decir que no hace falta reformar la Carta Magna y que se volverá a presentar a las elecciones de noviembre de 2015–, la reanudación de la actividad parlamentaria sirvió el martes para deprimir más el ambiente porque ya ni la ópera ni el fútbol se salvan de la incompetencia de los poderes públicos. ¡Oh, España! ¡Pobre marca España!, que exclamaría el poeta.

Sobre la lírica trasladó el presidente del Tribunal de Cuentas un informe de la gestión de la Fundación Teatro Real, correspondiente a la cuenta del Estado de 2012. Se resume en una palabra: lamentable. Contratos irregulares, adjudicaciones al margen de la normativa legal, incumplimiento de la reducción salarial, desfase presupuestario, aumento de la deuda, falta de arqueos de caja y de cuentas rigurosas. Dijérase que el prestigioso organismos que dirige Gregorio Marañón y del que son patronos de honor desde Mario Vargas Llosa a Carmen Alborch, sin olvidar a Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz Gallardón, que tantas subvenciones de los madrileños aportaron al Teatro Real, andaba manga por hombro.

Ya me dirán si es de recibo presupuestar unos ingresos de 46,4 milllones de euros (año 2012) e ingresar 41. Fijar por decreto un límite de 132.000 euros a los responsables de la alta dirección de los organismos públicos y escamotear la norma con un contrato privado para abonar 302.000 euros al director artístico del Teatro Real. Mantener patrocinios en especie (publicitarios) sin reflejo contable. No informar tampoco de los patrocinios dinerarios. No realizar los arqueos de caja, hasta el punto de acumular 200.000 euros al margen de la contabilidad. Todo eso y más refleja el informe del órgano fiscalizador del Reino. Y en el más hay que incluir la decisión de no reducir el 5% la retribución a los trabajadores del Real, como si no fueran empleados públicos y estuvieran al margen de las decisiones de ajuste del gasto. A posteriori les han reclamado el dinero y se ha entablado el consiguiente litigio judicial.

La crisis del Teatro Real se debe a la reducción de las subvenciones del Ministerio de Educación y Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Los tres a la vez. Es lógico que los responsables públicos aplicaran el primum vivere de in de cantum. Luego, la voracidad fiscal del Gobierno, subiendo el IVA del 8 al 21% a la cultura –excepción hecha de los establecimientos de pornografía corporal explícita–, y los efectos de la crisis, provocaron una reducción del 20% de los ingresos por taquilla. El primun vivere de in de fructus era tan lógico y previsible que no se entiende por qué una gente tan inteligente y preparada como la que rige la Fundación del Teatro Real no llegó a captarlo. Quizá se puede atribuir a la creencia de que la crísis económica y laboral no iba con ellos, los de arriba. Y como siempre ocurre, para pagar sus fructus y usufructos están los de abajo.

Sobre la violencia que se escuda detrás de los clubes de fútbol en forma de peñas y peñascos, los secretarios de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, y de Deportes, Miguel Cardenal, explicaron en el Congreso la imposibilidad material de conocer por anticipado la cita de los ultras del Frente Atlético con los Riazor Blues del Deportivo de la Coruña para partirse la crisma junto al Manzanares antes del partido de fútbol que la mañana del domingo, 30 de noviembre, enfrentó al Atléti y al Depor. En la batalla campal mataron a Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy, de los Riazor Blues, al que tiraron al río. Quedó claro que los culpables fueron los energúmenos y que los 21 detenidos tras la reyerta eran unos salvajes con treinta antecedentes penales. Y también quedó claro que, aparte de los delegados de seguridad de los dos clubs, que ya han sido cesados, no hay más responsables.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que era el llamado a comparecer, no acudió, acaso porque, como señaló el socialista Antonio Trevín, no cree importante lo ocurrido o lo considera perjudicial para su imagen Su subordinado Martínez tuvo que reconocer lo que había ocultado: que la policía informó desde A Coruña con antelación suficiente –la tarde del 27 de noviembre, por correo electrónico– de que se desplazarían a Madrid más de 50 ultras del Depor. Pero como faltaba el lugar y la hora a la que salía el autobús, los mandos de Interior no pudieron valorar la información. Los datos que también aportó el delegado de seguridad del Depor –el único que informó y lo han cesado–, tampoco fueron suficientes para los jefes de Interior. El hecho de que los ultras de ambos equipos tuvieran antecedentes muy graves, con muertos incluídos, y fueran de ideologías antagónicas –los del Frente Atlético de extrema derecha y los Riazor Blues de extrema izquierda–, tampoco fue suficiente para los los responsables de Interior. La constatación de que ultras de otros equipos, desde los Bukaneros del Rayo Vallecano a los Ultraboys del Sporting de Gijón, estuvieran alertados para participar en la batalla de descerebrados, también fue ignorada por los altos mandos gubernativos. En resumen: la Comisión Antiviolencia, que depende de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, calificó de “bajo riesgo” el partido.

Y ocurrió lo previsto por todos los que estaban en el ajo, que eran muchísimos, menos por los que disponen de los medios policiales necesarios para evitarlo y cobran buenos sueldos de todos los ciudadanos. Éstos desconocían la quedada, no tenían datos –mintieron una vez más– y no pudieron evitar lo inevitable. ¿Cómo iba a conocer Cardenal el peligro si sus estadísticas de 2012-13 revelan un notable aumento de la violencia en torno al fútbol? Ahora resulta que quienes no aplican las normas proponen nuevas normas, que quienes desactivaron el Observatorio de la Violencia en el Deporte y suprimieron la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos prometen campañas de educación y civismo. Que quienes han tolerado que al menos 20 de los 42 equipos de primera y segunda división alimenten toleren e incentiven grupos ultras con la pasta que no pagan a Hacienda –la deuda supera 500 millones de euros–, reclaman contundencia a esa entidad privada llamada Liga de Fútbol Profesional en vez de utilizar a la Fiscalía contra los clubes que encubren a los violentos. Cualquier cosa menos reconocer la incompetencia, pedir perdón y dimitir.

El PSOE pidió la dinisión de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y de su jefe superior de Policía por los sucesos del Manzanares. Pero fue mucho pedir, pues ¿cómo iba a conocer la delegada la presencia de ultraderechistas violentos en torno al Atlético de Madrid si la única violencia que le preocupa son los escraches y las protestas sociales, como demuestran los 350.000 euros de las multas que ha impuesto en los dos últimos años a los manifestantes? A los efectos, tanto da que pidan dimisiones de responsables políticos que canten la Traviata.