“El gobierno de la Generalitat no recibió el mandato popular de orientación soberanista y, por lo tanto, el presidente de la Generalitat no puede prestar su apoyo a las consultas independentistas participando en ellas” aseguró en su blog el portavoz parlamentario y viceprimer secretario del PSC Miquel Iceta. En un artículo que titula “Aviso a navegantes” lanza una serie advertencia a las declaraciones de varios miembros del Govern sobre su apoyo y participación en la consulta independentista convocada en Barcelona el próximo 25 de abril.

El propio Artur Mas no descartó participar en la votación mientras la Generalitat está dispuesta a ceder las urnas. En cambio los dirigentes de sus socios de gobierno –UDC- se muestran reacios a involucrarse en esta consulta. El propio Duran Lleida aseguró que este día estará fuera de Barcelona por lo que “ni me planteo que hacer”, mientras que echó pelotas fuera sobre la actitud de Mas: “Cada uno puede hacer lo que quiera”. Entretanto CiU posibilitó que el Parlament debata un proyecto de ley sobre la independencia de Catalunya a propuesta de Solidaritat Catalana. (Los sentimientos independentistas de los catalanes, según la encuesta del Centro de Estudios de Opinión hecha pública a finales de febrero, asciende al 24,5%).

Ello ha llevada a Iceta a recordar que los socialistas “por responsabilidad política” recogieron la petición de Mas de “ser ayudado” para lograr su investidura y la gobernabilidad del país. El dirigente socialista ve peligrar esta colaboración si el Govern no apuesta por el desarrollo del Estatut, recuperando mediante acuerdos políticos los recortes que en su día sentenció el Tribunal Constitucional. El otro punto que alarma a los socialistas es el sistema de financiación autonómica y la propuesta del equipo gobernante de reclamar un pacto fiscal para Catalunya.

Recuerda Iceta que el anterior gobierno de la Generalitat acordó revisar la financiación cada cinco años y proponen que cuando llegue el momento se estudie su revisión, anunciando que los socialistas están dispuestos a estudiar cualquier mejora propuesta por el actual gobierno. Se muestran partidarios de buscar un “pacto fiscal de tipo federal que quepa en nuestra Constitución y que incluya instrumentos de solidaridad que no penalicen a las comunidades autónomas más dinámicas con déficits fiscales inasumibles” (cabe recordar que el PSC consideró inconstitucional la propuesta de CiU sobre el concierto económico)

El portavoz socialista dice ser consciente de la actual difícil situación económica (y apostilla “que conocemos perfectamente”) y se ofrece para ayudar al gobierno con determinadas condiciones: que renuncie a manipular “interesadamente” los datos económicos para justificar recortes presupuestarios indiscriminados, una total transparencia en el proceso de negociación del plan económico y financiero en los nuevos presupuestos, la aceptación de ajustar el déficit de la Generalitat al 1,3% y que la “necesaria” reducción de gastos no comporte recortes en el estado del bienestar, especialmente en apartados como son la sanidad y la educación.

La fuerza de este artículo queda debilitada por la actual crisis que vive el PSC tras la derrota de las autonómicas y la carrera de la sucesión de Montilla en el congreso que celebrarán en otoño y en el que diferentes sectores del partido van mostrando sus credenciales, algunas muy divergentes.