El conflicto abierto por la Generalitat, que ha anunciado la próxima convocatoria de una nueva mesa de contratación para la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat (ATLL), puede, por una vía diferente a la actual, acabar en los tribunales. Según medios consultados, las opciones que el Gobierno catalán baraja para ATLL son dos: la adjudicación directa del contrato a Agbar o la apertura de un nuevo concurso.

El Gobierno catalán afirma que ha tomado esa decisión para «estudiar la mejor forma de dar cumplimiento a las recientes sentencias del Tribunal Supremo en relación con las medidas cautelares solicitadas en el proceso derivado de la adjudicación del citado servicio».

Si bien, el actual concesionario del servicio ATLL, liderado por Acciona y del que también forma parte el banco brasileño BTG Pactual, señala que el contrato «sigue formalmente vigente» y espera en que la Generalitat, como contraparte, adopte las «decisiones que correspondan respecto de la continuidad de la relación contractual, respetando las obligaciones y atendiendo a las responsabilidades que igualmente le incumben».

Se trata de la reacción al anuncio de la Generalitat de que ha decidido dar cumplimiento a la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, ente que además es dependiente del Gobierno de Barcelona. La batalla legal entre el consorcio y Agbar, que se recurrió la adjudicación, dura ya dos años.

Y subraya que los tribunales todavía no se han pronunciado «sobre el fondo del asunto”. ATLL es la empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua “en alta” -desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales- a Barcelona y su área metropolitana. La privatización de esta empresa tuvo un 1.000 millones de euros y es la más importante llevada a cabo por la Generalitat.