El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha sentado en el banquillo de los acusados al expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó, exdiputado del PSOE, y al exdirector general Ildefonso Ortega y les ha impuesto una fianza solidaria de 138,2 millones que deberán depositar por el «perjuicio económico» que causaron a la entidad.

En un auto dictado este martes el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 dicta la apertura de juicio oral contra los dos máximos dirigentes de la entidad, la primera caja de ahorros española que fue intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, con un rescate de 9.000 millones de euros, para que sean juzgados por los delitos societarios de falseamiento de cuentas y administración desleal.

Además, el juez da diez días de plazo a los dos gestores de la caja para que, atendiendo a la «indemnización interesada» por el Banco Castilla-La Mancha, presten la citada fianza de responsabilidad civil y les advierte de que, si no lo hacen en este plazo, serán embargados.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de dos años y medio de cárcel para los dos acusados, mientras que el Banco Castilla-La Mancha solicita una petición de pena de cinco años y medio y Adicae un total de cinco años.